Vinculan a proceso a 27 por red de ‘aviadores’ en Edomex; fraude con plazas habría operado desde 2021
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La FGJEM vinculó a proceso a 27 presuntos integrantes de una red de falsos docentes que habría causado un daño superior a 96 mdp.
a Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso de 27 personas presuntamente relacionadas con un esquema de simulación en la asignación de plazas dentro del gobierno estatal, el cual habría operado desde 2021 mediante la incorporación de personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas o que, bajo el esquema conocido como “aviadores”, cobraban salarios sin prestar servicio alguno.
De acuerdo con la institución, los 27 imputados fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión y permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La situación jurídica de otro investigado continúa pendiente de resolverse, mientras que cinco personas promovieron juicios de amparo contra las órdenes de captura libradas en su contra.
La investigación deriva de denuncias presentadas por el Gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), los días 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de este año, relacionadas con 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes cuyos ocupantes, según las indagatorias, nunca realizaron funciones educativas.
INVESTIGACIÓN APUNTA A EXFUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía identificó la posible participación de dos exsubsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como coordinadores, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y personal operativo perteneciente a las secretarías de Finanzas, Educación, Seguridad, la Oficialía Mayor y la actual SECTI.
Según la carpeta de investigación, varios de los involucrados mantenían relaciones familiares o vínculos de confianza, situación que, presuntamente, permitió la continuidad del esquema incluso después de cambios administrativos, ya que quienes sustituían a determinados funcionarios eran incorporados a la misma estructura.
La FGJEM señaló que el análisis de los expedientes administrativos reveló irregularidades recurrentes, entre ellas la ausencia de documentación profesional y administrativa indispensable para contratar docentes, pese a lo cual los registros fueron incorporados tanto al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) como a la plataforma “META 4”, utilizada para la dispersión de nómina.
PLATAFORMA META 4 Y ÁREAS ESTRATÉGICAS HABRÍAN FACILITADO EL ESQUEMA
Las investigaciones señalan que la plataforma “META 4” comenzó a operar a finales de 2017, cuando Óscar “N” fungía como director general de Personal de la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas.
La Fiscalía indicó que, previo a incorporarse como servidores públicos, varias de las personas investigadas ya mantenían una relación profesional derivada del desarrollo de dicha plataforma informática. Posteriormente ocuparon posiciones estratégicas dentro de diversas dependencias, desde donde presuntamente facilitaron la operación del esquema investigado.
Entre los señalados se encuentran Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”, entre otros.
ANTECEDENTE DE 2021 FORTALECIÓ LA INVESTIGACIÓN
La Fiscalía recordó que uno de los antecedentes relevantes ocurrió el 19 de diciembre de 2021, cuando fue detenido Juan Alberto “N” mientras realizaba retiros en un cajero automático del municipio de Toluca.
Al momento de su detención portaba 164 tarjetas bancarias expedidas a nombre de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad, además de 180 mil pesos en efectivo.
Durante la investigación ministerial, Rodolfo Alejandro “N”, entonces superior jerárquico del detenido, declaró que Juan Alberto tenía instrucciones para realizar gestiones bancarias relacionadas con tarjetas de nómina. Asimismo, Eduardo “N” aseguró que el efectivo encontrado le pertenecía y que había firmado un pagaré por dicho préstamo.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un antecedente que evidencia la existencia de un mecanismo para administrar recursos públicos mediante el uso de cuentas bancarias asociadas a trabajadores registrados oficialmente.
DENUNCIAS REVELARON INTERCAMBIO DE CLAVES Y ALTAS FRAUDULENTAS
A partir de las denuncias presentadas en febrero de 2026, la Fiscalía estableció que funcionarios de la SECTI y de la Oficialía Mayor presuntamente intercambiaban claves personales de acceso al SIGAP, permitiendo generar altas de docentes asignados a planteles educativos inactivos.
Según la investigación, esta práctica buscaba evitar que las plazas irregulares fueran detectadas durante los controles administrativos.
Las diligencias también permitieron identificar la existencia de personas que fungían como “reclutadores”, quienes captaban principalmente familiares, amigos y personas de confianza para registrarlas como supuestos docentes.
ASÍ HABRÍA OPERADO LA RED DE “FALSOS DOCENTES”
De acuerdo con la FGJEM, una vez realizadas las altas, los reclutadores o terceros retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios.
Posteriormente, distintas personas retiraban los recursos para distribuirlos entre los integrantes de la organización, mientras que los titulares de las cuentas únicamente recibían una cantidad reducida como pago por facilitar sus datos personales.
La Fiscalía indicó que, en algunos casos, por cada 200 mil pesos depositados como salario, los denominados “falsos docentes” recibían únicamente seis mil pesos, mientras que la mayor parte del dinero quedaba en manos de funcionarios de mayor nivel que presuntamente coordinaban la operación.
Asimismo, las investigaciones establecen que los integrantes de la red mantenían estrategias para determinar los montos máximos que podían retirar sin generar alertas bancarias.
CAPTURISTAS HABRÍAN REALIZADO ALTAS DURANTE LA MADRUGADA
El expediente también refiere que personal operativo de captura incumplió el Procedimiento 022 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal.
La Fiscalía detectó que algunos capturistas realizaron más de 70 movimientos de alta presuntamente irregulares, recibiendo alrededor de cinco mil pesos por cada uno.
Como mecanismo para ocultar la actividad, las altas se efectuaban durante la madrugada y se alternaban mensualmente las cuentas de usuario desde las cuales se realizaban los registros.
PLANTELES INACTIVOS FUERON UTILIZADOS PARA ASIGNAR PLAZAS
Las investigaciones señalan que directores generales, jefes de departamento y personal administrativo autorizaban licencias, adscripciones y movimientos para asignar a los supuestos docentes en centros educativos con claves inactivas.
Entre los municipios donde se localizaron estos registros figuran Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.
MENSAJES BUSCABAN OCULTAR LA INVESTIGACIÓN
Como parte de los datos de prueba, la Fiscalía incorporó mensajes de texto atribuidos a integrantes del esquema.
En ellos se instruía a los participantes a no registrarse en el ISSEMYM y, posteriormente, tras las primeras denuncias, se les pidió cancelar sus cuentas bancarias y negar cualquier relación laboral con el Gobierno del Estado de México en caso de ser requeridos por autoridades.
Uno de los mensajes refiere que los involucrados debían afirmar que nunca trabajaron para el gobierno ni recibieron beneficios derivados de dichas plazas.
DAÑO ECONÓMICO SUPERA 96 MILLONES DE PESOS
La Fiscalía estima que únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026 el esquema generó un perjuicio superior a 96 millones de pesos al erario estatal.
Las investigaciones indican que los participantes recibían aproximadamente cuatro millones de pesos por quincena, además de prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales y bonos.
La dependencia señaló que el monto podría incrementarse considerablemente si se acredita que el esquema operó de manera continua desde 2021.
Además del beneficio económico inmediato, la Fiscalía sostiene que varios de los involucrados se asignaron plazas docentes con salarios cercanos a los 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían mediante licencias presuntamente irregulares para conservar derechos laborales y jubilatorios.
INVESTIGACIÓN INCLUYE ANÁLISIS PATRIMONIAL
Como parte de las diligencias, la Fiscalía documentó que diversos investigados mantenían un nivel de vida que, presuntamente, no correspondía con sus ingresos como servidores públicos.
El expediente refiere viajes internacionales a destinos como París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto e islas del Caribe, así como el uso de vehículos, accesorios de lujo y propiedades de alta plusvalía.
MÁS DE 12 MIL FOJAS INTEGRAN LA INVESTIGACIÓN
La carpeta de investigación está integrada por 30 tomos que reúnen aproximadamente 12 mil fojas con entrevistas, dictámenes periciales, inspecciones, documentos y otros datos de prueba.
Con base en dicho expediente, el Poder Judicial del Estado de México implementó un despliegue extraordinario de personal jurisdiccional para atender las solicitudes de órdenes de aprehensión, audiencias de imputación y técnicas de investigación.
Entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2026 se desarrollaron las audiencias de vinculación a proceso de 28 personas investigadas.
REALIZAN IMPUTACIONES POR DELITOS COMETIDOS
La Fiscalía imputó a los investigados los delitos de fraude y abuso de autoridad.
De acuerdo con el Ministerio Público, las conductas fueron cometidas mediante actos independientes y reiterados, por lo que podrían configurarse como un concurso real homogéneo de delitos.
La institución explicó que las penas previstas oscilan entre 10 y 26 años de prisión; sin embargo, estas podrían acumularse por cada una de las altas irregulares que logren acreditarse durante el proceso penal.
EXFUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y RECLUTADORES ENTRE LOS INVESTIGADOS
Entre las personas investigadas se encuentran seis exservidores públicos, entre ellos Óscar “N”, exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas; Sergio Andrés “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación; Alfredo “N”, exdelegado administrativo de la SECTI, además de Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”, quienes pertenecieron a la Secretaría de Seguridad.
También figuran nueve servidores públicos adscritos a la Oficialía Mayor, once trabajadores de la SECTI, una servidora pública de la Secretaría del Bienestar y personas identificadas como “falsos docentes” que presuntamente actuaban como reclutadores, entre ellas Sabina “N”.
Asimismo, cinco investigados: Jaime Noé “N”, Eduardo “N”, Erick Jonathan “N”, José Ernesto “N” y Areli “N”, promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión y aún no han sido vinculados a proceso.
La Fiscalía agregó que el expediente también relaciona a José Daniel “N”, quien fungía como enlace entre la SECTI y la Dirección de Remuneraciones de la Oficialía Mayor. El servidor público fue localizado sin vida en su domicilio el pasado 2 de abril y las circunstancias de su fallecimiento continúan bajo investigación mediante el protocolo correspondiente para casos de homicidio.
