Militares usaron estudiantes ‘fachada’ para espionaje
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La apertura de los expedientes en torno al caso Ayotzinapa confirman que autoridades tienen información valiosa para esclarecer el destino de los jóvenes sobre el mapa criminal de la zona
CDMX.- Conforme se abren los archivos de la Sedena toma forma el papel que el Ejército tuvo antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en la cual fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que marcó la presidencia de Enrique Peña Nieto, y cuyo esclarecimiento se mantiene como una de las promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según informó Proceso, la desclasificación de los registros confirma que tres años antes de la funesta noche, las actividades de los normalistas eran vigiladas por todas las agencias gubernamentales de inteligencia.
De manera particular, el sistema de inteligencia militar, coordinado desde el Centro Militar de Información, de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, recurrió a la infiltración de su personal vía alumnos “fachada”, para informar a los altos mandos militares de Lomas de Sotelo lo que ocurría dentro y fuera de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, icónica escuela por ser cuna de guerrilleros como Lucio Cabañas.
Con la apertura de los archivos, ordenada por López Obrador hace año y medio, se sabe que días antes de la tragedia de Iguala, personal militar adscrito a los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), adscrito al Pelotón de Información de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, dio cuenta de las actividades programadas por los estudiantes.
De acuerdo con la información a la que Proceso accedió, el 22 de septiembre de 2014, con datos recabados de uno de esos elementos, desde Chilpancingo se notificó a la Sección Segunda de Inteligencia Militar, en la central de Lomas de Sotelo, sobre las actividades acordadas por el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, para acudir al 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
En el informe se relata que entre los acuerdos a cumplirse esa semana estaba la “retención” de 15 autobuses de pasajeros de las empresas Estrella de Oro y Estrella Blanca, para desplazarse a la Ciudad de México.
Con la información del OBI infiltrado entre el alumnado de la escuela normal rural, se reporta que ese mismo 22 de septiembre, a las 09:40 horas, unos 40 jóvenes abordaron el autobús 1544 de la empresa Estrella de Oro, con rumbo a la comunidad de Buenos Aires, municipio de Atoyac, para recabar dinero, vía boteo, así como para “extraer” diesel de los vehículos que circulen por esa vialidad.
La vigilancia cercana que el sistema de inteligencia militar tenía sobre la normal de Ayotzinapa y sus alumnos se revela en un registro del 29 de septiembre de 2014, días después de la trágica noche de Iguala, en el cual se advierte a la superioridad de Lomas de Sotelo que uno de los OBI adscritos a la comandancia de Chilpancingo se encontraba en la lista de los estudiantes desaparecidos, que en un principio se cifró en 57.
Según el reporte, el OBI se habría comunicado con sus superiores el 27 de septiembre, pero no volvió a hacerlo porque participó en las protestas para reclamar la presentación de los desaparecidos, por lo que el 28 de septiembre se contactó a la madre del soldado infiltrado, quien sostuvo que alumnos la invitaron a sumarse a las manifestaciones y le informaron que su hijo estaba bien.
Esa información se corroboró con el testimonio de otro OBI que estaba en la cabecera de Tixtla, y quien supuestamente vio al infiltrado entrar a la escuela normal el 28 de septiembre, pero no lo vio salir.
Con esta última afirmación desde el mando castrense de Chilpancingo se planteó la hipótesis de que los estudiantes desaparecidos en realidad estarían dentro de la normal rural.
APERTURA
La apertura de los expedientes militares para el caso Ayotzinapa confirma que el Ejército tiene información valiosa para esclarecer el destino de los jóvenes y sobre el mapa criminal que existía en el momento de la desaparición forzada, y que se la guardó durante seis años.
Los registros militares fueron presentados en la página de la Segob, sin contexto ni más presentación que atender las órdenes presidenciales, luego de que en la víspera una periodista cuestionó a López Obrador por la falta de transparencia de la Fiscalía General de la República por entregar totalmente testadas 44 declaraciones de militares del 27 Batallón de Infantería.
La misma información fue entregada a los padres de los normalistas desaparecidos en la reunión que sostuvieron con el presidente el 24 de septiembre pasado, en la que autoridades presentes, tanto de la FGR como el mismo Encinas, solicitaron discreción por ser parte de la indagatoria.
Para la PGR, que no tenían idea del cúmulo de información que la Sedena poseía; “la conducta omisa desplegada por el personal militar tuvo consecuencias fatales para los estudiantes de Ayotzinapa (...) La probable responsabilidad de la actuación de los elementos debe ser sujeta a investigación, si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente con la obligación de proteger ciudadanos, y si infringieron algún dispositivo en la legislación”.