A 10 años de Atenco, víctimas de impunidad y tortura luchan contra olvido

Golpeada, vejada y torturada sexualmente, Italia Méndez es una de las mexicanas que todavía pide justicia por la controvertida represión policial registrada hace diez años contra una manifestación en San Salvador Atenco y Texcoco, saldada con dos muertos y 217 detenidos, entre ellos unas 50 mujeres.

Méndez se había desplazado a Atenco, en el Estado de México, para apoyar al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, un ente que lucha por los derechos de los campesinos y que logró frenar la construcción de un aeropuerto en esa misma zona en 2002, y fue arrestada a medianoche junto a un grupo de compañeros.

La extinta Policía Federal Preventiva le cubrió la cara y no pudo ver lo que sucedía, pero recuerda esa noche como si fuera ayer.

La trasladaron junto a decenas de personas en un camión policial, todos tumbados en el pasillo del vehículo.

"Fui torturada sexualmente en una pila de personas, hubo tocamientos, introducción de objetos en la vagina, pellizcos y golpes en genitales", explica a Efe Méndez, sobre la brutal represión policial, registrada los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en el vecino municipio de Texcoco.

Ante la falta de acceso a la justicia, once del medio centenar de mujeres víctimas de la represión presentaron en 2008 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el caso en 2011. Hoy, una década después, siguen batallando contra la impunidad que rodea el suceso.

"Queremos que nuestro caso sea un ejemplo para futuras detenidos de otras organizaciones, que no vuelva a suceder", expresa Yolanda Muñoz, otras de las mujeres firmantes ante la CIDH.

Muñoz iba a trabajar a un mercado de Texcoco cuando se vio envuelta en un disturbio que arrancó cuando agentes quisieron desalojar a varios vendedores informales.

Nada tenía que ver con la reyerta, pero fue arrestada por agentes con "lujo de violencia" y presenció violaciones a los derechos humanos durante toda la larga detención.

La despojaron de sus pertenencias y le cubrieron la cara, por lo que nunca pudo identificar qué cuerpos de seguridad obligaron a la joven que tenía a su lado, Gabriela, a practicarles sexo oral, reconoce hoy, todavía quebrantada.

A ella la manosearon y la apuntaron con armas largas en lo que duró el trayecto hasta el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez (Estado de México), donde estuvo presa 12 días.

Aún se resiente de la espalda y de la cabeza, pero recuerda con la voz rota que así como "los golpes se borran, otras situaciones no".

Italia Méndez pasó 15 días en la cárcel y padeció el dolor "más horrible" de todos los vividos en esas fatídicas horas.

"Te dejaron como un cerdo", le dedicaron los mismos médicos que le cosían la cabeza sin anestesia, le espetaron que se merecía lo que le había ocurrido por "ser mujer y no quedarse en casa" y omitieron en el parte médico que había padecido abusos sexuales.

Muñoz y Méndez siguen en esta lucha que comenzaron presas, cuando se juntaron para escribir sus testimonios.

Han puesto en la CIDH, como los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala en septiembre de 2014, una esperanza que el Estado nunca les ha dado.

"Se ha minado el proceso de búsqueda de justicia, en el primer año pasamos de diligencia en diligencia y apenas hubo consignaciones", recordó Méndez sobre este caso que se saldó con sentencias menores para muy pocos agentes y que se produjo cuando el hoy presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, era gobernador del Estado de México.

La coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer, confía en que en "cuestión de meses" se contará con el informe de la CIDH, y tampoco descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Gobierno incumple con las futuras recomendaciones.

"Todavía no hay una investigación seria de la cadena de mando ni de la participación de fuerzas federales. Tampoco vemos cambios de fondo en la actuación del Estado, y seguimos documentado casos de tortura sexual", aunque no hay registros oficiales, agregó la experta.

En este contexto, estas mujeres luchan por no caer en el olvido, y si bien no han conseguido que el Estado reconozca las agresiones en su contra, han impulsado, junto a otros organismos, cambios normativos que eviten las torturas sexuales a mujeres.

En la reciente Ley General contra la Tortura y Tratos Crueles, que el viernes aprobó el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para su aval, lograron que apareciera elementos como la violencia sexual y la discriminación por género.