Piden al IFE proteger datos de los electores

CIUDAD DE MÉXICO.- Transparencia Mexicana sugirió al Instituto Federal Electoral (IFE) revisar la realización de la licitación de comparación multibiométrica para el Registro Federal de Electores, con tiempos tan limitados y en vísperas de una elección presidencial, al considerar "riesgoso" ese procedimiento en el que "se compromete la operación de la solución actual".

La comparación multibiométrica se trata de programas que revisan los más de 80 millones de rostros y nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón para detectar posibles duplicaciones o que un ciudadano tenga más de una credencial para votar con fotografía. De esta manera, el programa compara rasgos y huellas para detectar posibles fraudes a la ley, o errores de ciudadanos.

En enero pasado, Transparencia Mexicana menciona que el IFE canceló la licitación para adjudicar de manera directa el proyecto -sin embargo, el reporte no precisa si el proceso se realizó- y explica que "Identificó que en las bases, no existen lineamientos completos de seguridad y custodia de la información que salvaguarden los activos y no comprometan la confidencialidad de la información del Instituto."

En sus conclusiones Transparencia Mexicana respeta esa decisión, pero observa que "las bases no contienen la precisión operativa y tecnológica necesaria para permitir que los licitantes oferten en condiciones equiparables y que el IFE obtenga el valor de los servicios que busca licitar".

Apunta que el tema central "no es que el Anexo Técnico contenga especificaciones incorrectas, sino que la falta de especificaciones con suficiente información técnica, no facilita que los licitantes puedan integrar sus ofertas con precisión".

El documento añade que el IFE debe establecer de manera clara la calidad requerida en la prestación del servicio.

"Si no se definen las necesidades y requisitos específicos que son condicionantes para el servicio a contratar, en opinión de Transparencia Mexicana, el IFE corre el riesgo de que el proveedor asuma los detalles o características que son necesarios o recomendables para el Instituto; y al momento de la ejecución del contrato, el servicio no cumpla con los objetivos propuestos para lo que se destinó el proyecto", dice Transparencia.

Asegura que "el objetivo de los multibiométricos y su relación con el Padrón Electoral hacen que la solución sea de alta importancia". La realización de una licitación con tiempos ilimitados y en vísperas de una elección presidencial es riesgosa, desde la perspectiva del equipo técnico de Transparencia, pues se compromete la operación de la solución actual. Recomienda al IFE revisar qué sucederá en la venta de tiempo entre la conclusión del contrato con el proveedor actual y el inicio de la operación del nuevo sistema, en su caso.



Choicepoint

En 2003 la información de millones de mexicanos, que estaba en poder del Instituto Federal Electoral (IFE), acabó en manos de la empresa estadunidense ChoicePoint.

ChoicePoint, una empresa privada norteamericana, ha permitido que el gobierno de los Estados Unidos tenga acceso a información clave de más de 65 millones de personas residentes en México.

ChoicePoint tiene en su base de datos el domicilio, la ocupación, el registro federal de contribuyentes, el teléfono, los faxes y otros datos personales de millones de mexicanos y vende esta información al gobierno de los Estados Unidos, principalmente a corporaciones policiales como el FBI, DEA y CIA.

ChoicePoint compró en México, diez discos compactos con la base de datos del registro de electores.

ChoicePoint defendió la legalidad de la compra.

Sin embargo, en 2006 el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito determinó clasificarlo como delito continuado de revelación de secreto; es decir, que fue considerado como un delito no grave.

La sanción para Jorge López García, director general de Soluciones Mercadológicas en Base de Datos; Ismael Vaca Ramírez, gerente, así como dos empleadas, ascendía a mil 658 millones 589 mil 135 pesos, pero obtuvieron su libertad bajo fianza. La empresa fue sancionada un año después.