PGR cita a declarar a funcionarios de Cancún por caso Greg
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El alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, señaló que la indagatoria sobre funcionarios y ex funcionarios municipales se inició hace ocho semanas, aproximadamente
Cancún.- El alcalde Julián Ricalde Magaña admitió que funcionarios y exfuncionarios del gobierno municipal fueron citados por la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar en una averiguación judicial que, por tráfico de personas se sigue al exedil Gregorio Sánchez Martínez.
Sin proporcionar datos exactos dijo que "tres funcionarios han sido citados, al parecer porque tuvieron alguna relación o contacto con el tema de ese tráfico de indocumentados", dijo el munícipe.
Ricalde se quejó de que "hacen -los medios-- solicitudes de temas diversos, por quejas diversas, por situaciones que se involucra a la PGR a través de denuncias, pero no tienen trascendencia para efectos de otra cosa."
Consideró que la indagatoria sobre funcionarios y exfuncionarios municipales se inició aproximadamente hace unas ocho semanas y aseguró que no conoce el nivel de implicación de su predecesor Gregorio Sánchez Martínez.
Mencionó entre los citados por la PGR al actual diputado local Alejandro Luna, casado con la hija del ex edil y fue director del Instituto Municipal del Deporte y al ex regidor Sergio Flores, quién fue secretario particular de Sánchez Martínez.
Julián Ricalde mencionó que a ambos se les vincula con el presunto tráfico de personas de que se acusa a Sánchez Martínez; "los llamarán a declarar, pero no se les debe conculcar su derecho de audiencia previa antes de cualquier medida", señaló.
Cuidadoso de la forma y discurso, Ricalde Magaña rehusó responder más preguntas. "Lo que obra en los expedientes, es lo que hemos contestado", insistió de salida.
Por otro lado, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) señaló la semana pasada que un testigo protegido con la clave Wicho, declaró haber militado en un cártel que en 2005 entregó 18 millones de dólares a Sánchez Martínez, en La Barca, Jalisco, en una reunión celebrada en una oficina del partido de Convergencia.
Wicho también declaró que le constaba que un rancho de Gregorio Sánchez, en Ocosingo, Chiapas, era usado para descargar avionetas con alijos de cocaína procedentes de Centro y Sudamérica.
El testigo también declaró que Sánchez se reunió en marzo de 2009 con capos del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, y Juan José Esparragoza, El Azul, en una casa del fraccionamiento Las Brisas, en Acapulco.
Dijo que ahí El Chapo prometió apoyar a Gregorio para ganar las elecciones, porque le interesaba que fuera gobernador de Quintana Roo.
El 15 de julio pasado, el Magistrado José Avalos Cota ordenó la liberación de Gregorio Sánchez, al cabo de año y medio en el penal federal de El Rincón, en Nayarit.
La PGR lo arraigó bajo una nueva causa penal por trata de personas. El 4 de agosto, el juez 12 de Distrito de Procesos Federales, Jesús Terríquez Basulto autorizó prolongar 20 días más la medida cautelar que impide a Sánchez abandonar la Ciudad de México controlado con brazalete electrónico.
Greg Sánchez fue postulado al gobierno por la coalición PRD, PT, y Convergencia; fue detenido a casi un mes de las elecciones de julio de 2010 por narcotráfico y lavado de dinero.
Con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la PGR hizo una nueva acusación documentando operaciones financieras inusuales por 80 millones de pesos.