Extorsiones flagelan a centrales de abasto

Cerca de 70 por ciento de los 96 mil comerciantes de centros en México le están pagando entre mil 500 y cinco mil dólares mensualmente al crimen organizado por "derecho de piso" y por brindarles "seguridad", a sus negocios y sus familias, lo que provoca que el sector comercial y empresarial pase por la peor crisis económica y de inseguridad en la historia del país, afirmó Cecilia González Guzmán, comisionada para la Seguridad Patrimonial y Justicia para las Centrales de Abasto de México y Latinoamerica.

González Guzmán precisa a Excélsior que los empresarios y comerciantes de las centrales de abasto del país le pagan al crimen organizado, no sólo por que los dejen trabajar y porque les brindan seguridad contra otros grupos de delincuentes, sino también porque les están pagando el derecho a la vida, de ellos y de sus familias.

"Estamos hablando de la peor crisis porque nuestros compañeros están pagando por el derecho a vivir. Estamos hablando de casos como Michoacán, donde a algunos de los proveedores de aguacates se les cobra y pagan, lo peor es que el pago se está convirtiendo en ley entre nuestros afiliados. Te dicen: yo prefiero esto a que maten a familia".

González Guzmán, representante de todos los centros de abasto del país, preciso que el pago del derecho de piso al crimen organizado, que también está relacionado con el tráfico de drogas, se está convirtiendo en ley porque si no lo paga mensualmente, entonces es amenazado y hasta ejecutado.

Las centrales que están enfrentando la mayor crisis por la exigencia de grupos del crimen organizado para que los comerciantes les paguen el derecho de piso son Mexicali, Monterrey, Tampico, Reynosa, Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Toluca, Pachuca y Coahuila,.

"Las que están ahorita siendo sumamente violentadas, son Ciudad Juárez, porque baja dos o tres días y luego, repunta peor. Estamos hablando de Durango y San Luis potosí, donde hay comandos armados que llegan, se meten y sacan a los comerciantes", indicó González Guzmán.

La representante de las centrales de Abasto del País, menciona que la exigencia de los grupos de delincuencia organizada para cobrar el derecho de piso, se ha constituido en el primer delito que aqueja a los comerciantes y empresarios de los centros de abasto; sin embargo, aunque reconoció que el secuestro ha disminuido alrededor del uno por ciento, en la actualidad alrededor de 120 secuestros afectan a algún familiar o empresario de los centros de abasto.

"Somos 67 centros de abasto y ahorita en el país, cuando menos, existen de uno a dos secuestrados en cada central por el crimen organizado en el país.

"Por eso creemos que la estrategia del gobierno no funciona, está mal orientada. ¿Cómo vamos a creer que están trabajando si se siguen generando situaciones difíciles?

Debido a la crisis que están viviendo alrededor de 96 mil empresarios y comerciantes de ese sector, la comisionada para la Seguridad Patrimonial y de Justicia para las Centrales de Abasto analizarán esta misma semana las medidas que adoptarán para terminar con sus problemas de seguridad y económicos, por lo que, incluso señala, plantearán disminuir el pago de impuestos para que puedan hacer frente a las exigencias del crimen organizado y seguir pagando en dólares el derecho de piso.