¡Déjenos vivir en paz!, reviran por Michoacanazo
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Mediante un documento que consta de siete puntos, 16 de los 34 funcionarios y ex funcionarios de Michoacán respondieron a las impugnaciones de la PGR
Morelia, Mich.- Mediante un documento que consta de siete puntos, 16 de los 34 funcionarios y ex funcionarios liberados dentro del llamado "michoacanazo" emitieron su postura respecto a su situación, luego de las impugnaciones presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
El comunicado expresa: "Ya fuimos detenidos, vejados, torturados, procesados y liberados. ¡Déjenos vivir en paz".
En rueda de prensa, y señalando que los presentes representaban a todo el grupo de inculpados, incluyendo al aún encarcelado ex edil de Múgica, Armando Medina, el ex alcalde de La Huacana, Mario Romero Tinoco , dio lectura al posicionamiento.
Entre los siete puntos destaca el segundo, "responsabilizar al gobierno federal de cualquier agresión física ó moral, y de la integridad de nuestros familiares".
También piden en el tercer punto, que "se ponga un alto al linchamiento público y mediático del que hemos sido objeto" durante los últimos 16 meses. "Sólo pedimos ser tratados como cualquier ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos" agregan.
"La PGR ha intentado justificar su fallida actuación en el michoacanazo. Anunció la presentación de una queja contra el juez de distrito del estado ante el Consejo de la Judicatura Federal, después de más de seis meses que resolvió la primera liberación, aún cuando han sido varios jueces y tribunales quienes han ordenado nuestra libertad", pronunció Romero Tinoco.
"El 30 de septiembre el presidente de la república declaró, en entrevistas a diversos medios de comunicación, su inconformidad ante resoluciones de los juces. Ante esta nueva embestida del gobierno federal, los ex servidores públicos víctimas del "michoacanazo".
Sobre los otros cinco puntos, refieren que ello cumplieron con utilizar los instrumentos legales para demostrar su inocencia.
Confían en el Poder Judicial de la Federación, "único facultado constitucional y legalmente para juzgar nuestra inocencia ó culpabilidad".
Agradecen la intervención de las comisiones especiales del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado por el seguimiento dado al caso.
Piden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dé seguimiento a la recomendación emitida por la misma instancia 72/2009 expuesta el 30 de octubre de 2009, por la violación de sus derechos humanos. Solicitan además, se inicie un nuevo procedimiento por las amenazas e intimidaciones de las que son víctimas.
Y finalmente, piden a la sociedad civil "para que se pronuncie por un México en donde impere el estado de derecho y el respeto a la división de poderes".
El vocero del grupo, el ex subprocurador de Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez comentó que al pedir que se cumpla la recomendación de la CNDH, se incluye la reparación del daño.
"Y también se habla del afincamiento de responsabilidades penales y administrativas del personal que participó en elfallido operativo del 26 de mayo de 2009", puntualizó Mendoza Jiménez.
Entre los 16 presentes, se encontraban dos alcaldes, Osvaldo Esquivel de Buena Vista y Jairo Rivas de Arteaga; así como el ex procurador de justicia Miguel García Hurtado.