Amenazó con matar policías si no lo dejábamos libre: Alfredo Castillo

Ciudad de México.- Un auto estacionado en un lugar prohibido llama la atención de dos policías municipales. El conductor intenta sobornarlos con 500 pesos para que se vayan. Los uniformados rechazan el dinero.

La acción de los policías, en un hecho que parecería irrelevante, se convirtió en el inicio de una investigación que permitió resolver dos homicidios y detener a una de las bandas de secuestradores más peligrosas del país.

Aunque a veces no los vemos, "son un ejemplo de que existen grandes historias de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida y trabajan por un México mejor", señala Alfredo Castillo Cervantes, procurador de justicia del estado de México.

En esta entrega de su columna "Justicia Posible", el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de México narra este caso.

Amenazó con matar policías si no lo dejábamos libre

En una fría madrugada de invierno, el teléfono celular me despertó minutos antes de las seis de la mañana. Era mi secretario particular quien me avisaba que en un robo a una empresa habían matado a dos policías. Todavía semi dormido pregunté si había detenidos, a lo que me contestó que la policía municipal había puesto a disposición a una persona pero que al parecer no tenía nada que ver con los hechos.

Con la idea de que el detenido podía ser clave para resolver el caso, me apresuré a dirigirme a la oficina. Sabía que los medios de comunicación no tardarían en empezar a difundir el caso y no quería perder detalle alguno. Al llegar a la subprocuraduría, me llamó la atención ver a un número considerable de policías municipales custodiando el centro de justicia.

En el interior estaba el director de seguridad pública del municipio en donde habían sido los hechos. También se encontraban los familiares de los occisos y el representante legal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, corporación donde trabajaban los policías que acababan de matar.

Eran menos de las ocho de la mañana y ya se percibía un ambiente tenso en el Centro de Justicia. Apenas había ingresado cuando el director de seguridad pública del municipio, los familiares, el representante legal de la policía auxiliar y el propio ministerio público me pedían poder hablar conmigo para tratar el asunto.

Para no especular, les pedí a todos que me dieran unos minutos en lo que mi coordinadora de ministerios públicos y mi secretario particular me ponían al tanto de lo que había pasado.

Los hechos habían sucedido a las cinco de la madrugada, cuando la policía municipal había recibido un reporte de que había un coche estacionado sobre una avenida en donde no estaba permitido.

Al acudir al llamado, los policías observaron que una patrulla de la Policía Auxiliar del Distrito Federal circulaba en sentido contrario al suyo a una velocidad considerable, sin darle mayor atención. Instantes después, los policías detectaron el vehículo mal estacionado que se les había reportado. Al bajarse a inspeccionar observaron que en el interior del auto había un sujeto a bordo quien al verlos se inclinaría unos segundos.

Los policías abordaron al conductor y le preguntaron qué hacía ahí estacionado, a lo que el sujeto contestó que estaba esperando a su novia. Ante lo inverosímil de su dicho, por la hora y la ubicación, los policías le pidieron al conductor que se identificara.

El conductor a cambio de que dejaran de molestarlo y pudiera seguir ahí estacionado les ofreció a los policías 500 pesos. Los policías municipales se negaron a aceptarlo, y en cambio se les hizo todavía más sospechoso que el conductor los hubiera querido sobornar con la finalidad de poder seguir ahí estacionado, en lugar de retirarse o cambiarse simplemente de lugar.

Por lo anterior, los policías municipales le pidieron al conductor que se bajara para una revisión, cuando en ese instante se escucharon varias detonaciones de bala cerca del lugar de donde se encontraban. Sin saber qué hacer en el momento, los policías reportaron los disparos, y ante la duda, decidieron asegurar al conductor del vehículo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Camino al Ministerio Público, los policías municipales se enteraron por la radiofrecuencia policial que a tan solo una cuadra de donde ellos estaban, un grupo de asaltantes había intentado robar un cajero automático que se encontraba en el interior de una empresa, y que en su escapatoria habían matado a dos policías de la Policía Auxiliar del Distrito Federal que habían acudido a frustrar el asalto.

En ese instante, los policías municipales harían la deducción de que era la patrulla que había ido en sentido contrario al suyo cuando fueron a verificar el vehículo mal estacionado. Por lo que todavía con mayor razón consideraron que el conductor del vehículo mal estacionado podía tener alguna relación con los hechos que acababan de suceder.

Ya en el Ministerio Público se enteraron que la empresa objeto del robo tenía un convenio con la Policía Auxiliar del Distrito Federal para que ésta le brindara servicios de seguridad privada y que en ese entendido, cuando los asaltantes desconectaron el cajero automático se había emitido una alarma silenciosa a dicha corporación, por lo que se había mandado al lugar una patrulla a brindar el apoyo respectivo.

Al llegar al punto, los dos policías se bajaron de la patrulla y ahí fueron recibidos a balazos por parte de los asaltantes. El parte informativo solo diría que presumiblemente los asaltantes habían escapado en la patrulla de los policías auxiliares que habían ido a prestar el apoyo, porque la misma patrulla no estaba en el lugar de los hechos.

Hasta ese momento, era toda la información con la que se contaba de manera oficial. Al recibir a los familiares, los mismos solicitaban una investigación seria y la devolución rápida de los cuerpos. El representante legal y el director de seguridad pública me solicitaban se les informara del avance de la investigación para mantener informados a sus jefes.

Ya con mi equipo de investigación nos sentamos a cruzar datos. La primera pregunta era la obvia: ¿El conductor era parte de la banda? Todos coincidíamos que sí, lo difícil iba a ser acreditarlo. ¿Por qué delito lo íbamos a consignar en determinado momento? ¿Por robo? ¿Por homicidio? ¿Por delincuencia organizada? No teníamos absolutamente nada, más que la sospecha.

El conductor guardaba un silencio absoluto, lo cual nosotros lo considerábamos como la estrategia de una persona que ya tiene experiencia de qué hacer en caso de ser detenido. Ni siquiera pedía a un abogado, simplemente permanecía callado a la expectativa, según nosotros, de saber si los demás miembros de la banda habían sido detenidos o habían podido escapar.

La lógica nos decía que la persona que teníamos detenida era el chofer del vehículo a partir del cual se darían a la fuga los asaltantes una vez que consumaran el robo y que él sólo estaba a la espera de que se le avisara el momento exacto para pasar por ellos, y no generar sospechas de que hubiera un vehículo en la parte externa de la empresa objeto del robo.

La misma lógica nos decía que al ser detenido el conductor del vehículo de escape por la policía municipal, los asaltantes habían tenido que utilizar la patrulla de los policías que acababan de matar para poder escapar.

Había dos testigos de los hechos, los vigilantes de la empresa, mismos que habían sido golpeados y amarrados. Al interrogarlos, se les pidió que nos dieran la mayor cantidad de detalles que pudieran recordar. Ninguno aportaba mayor información. Estaban todavía muy asustados y con mucho miedo de que pudiera haber represalias en contra de ellos.

El tiempo transcurría y nosotros no teníamos mayor información que nos permitiera sustentar jurídicamente la retención del conductor, el cual en todo momento se negaba a declarar, ni siquiera para emitir algo a su favor.

Después de algunas horas, y mientras los peritos continuaban su labor para ver si podían obtener alguna huella o vestigio que nos fuera de utilidad, le marqué al director de Seguridad Pública del municipio para solicitarle que trajera de nueva cuenta a sus policías para ver si podían aportar algún detalle adicional a lo ya declarado, por mínimo que fuera.

Después de un rato llegaron los policías municipales. Volvimos a repasar su declaración punto por punto. En la misma ratificaban su dicho, sin embargo habían omitido un detalle que podía ser muy importante: en el traslado al Ministerio Público, el conductor detenido al momento de escuchar por la radiofrecuencia que habían matado a dos policías, les había dicho a los municipales que si no lo soltaban les iba a pasar lo mismo.

Este detalle, aunque a simple vista parecía un acto de bravuconería, a nosotros nos confirmaba que el detenido no era una blanca paloma que estaba sólo en el lugar y en el momento equivocado. Le pedí al director que sus policías declararan eso formalmente en la averiguación previa, con el objeto de que fuera un indicio que pudiera fortalecer la acusación más adelante.

A su vez, volvimos a interrogar a los vigilantes detalle por detalle. Al ver que no obteníamos mayor información, optamos por preguntas encaminadas. La más importante era si en algún momento los vigilantes llegaron a percatarse de que algún asaltante preguntara por alguien en específico o por algún vehículo.

Ante esa pregunta, un vigilante diría que cuando estaban los disparos, uno de los asaltantes había preguntando por un coche y que después había escuchado que uno de los asaltantes estaba herido, y que otro de ellos decía que los habían traicionado. Sin embargo, el vigilante no recordaba nombres, apodos, medias filiaciones o el tipo de coche por el que habían preguntado.

La ampliación de declaración de los policías municipales y de uno de los vigilantes no iba a ser suficiente para tener todos los elementos para consignar al conductor por el robo, pero de menos nos permitía mantener al detenido las 48 horas de ley para poder determinar su situación jurídica, sin caer en un abuso de autoridad o en una privación ilegal de la libertad.

Mientras esperaba el reporte de los hospitales cercanos a la zona para verificar si existía algún ingreso por impacto de bala, los peritos seguían con los análisis de rastros de sangre, de casquillos percutidos y demás. En ese inter me informarían que en la inspección del vehículo asegurado se había encontrado un teléfono escondido debajo del asiento del conductor.

En la puesta a disposición de objetos se había dado fe de un teléfono celular, mismo que se había enviado al área de inteligencia para su análisis, ya que éste no tenía registro de llamadas entrantes o salientes. Sin embargo, el otro teléfono era desconocido para nosotros. Un teléfono que nos hacía pensar que podía tener información relevante, sobre todo si tomábamos en cuenta que esa pudo ser la razón por la cual el conductor se había inclinado cuando detectó la presencia de los policías municipales, y no el hecho de esconderse.

Mientras se hacía la puesta a disposición del teléfono encontrado, recibí una llamada del entonces titular del área de inteligencia de la Policía Federal. Él y yo habíamos trabajado juntos meses atrás y nos unía una gran amistad. El titular del área de inteligencia me preguntaba si nosotros teníamos detenido a una persona con determinado nombre. Era el conductor de los hechos de la mañana.

Al confirmar el dato, me preguntó si lo habíamos asegurado con algún teléfono. Al decirle que sí, le expliqué las circunstancias del segundo teléfono que me acababan de reportar, por lo que me pediría que se los enviara de manera inmediata.

Con el compromiso de que cualquier dato importante que alguna dependencia llegara a generar en beneficio de la otra sería informado de manera inmediata, nos iríamos a descansar cerca de las once de la noche.

A las cinco de la madrugada mi teléfono celular volvería a despertarme en la madrugada, pero ahora el propósito era para darme una gran noticia. La Policía Federal acababa de realizar un operativo para rescatar a una víctima de secuestro en la región en donde yo era subprocurador. En el operativo habían rescatado con vida a una estudiante universitaria que había sido secuestrada días antes. En el mismo operativo se había detenido a varios secuestradores de la banda. El conductor que nosotros teníamos en nuestros separos era el hermano del líder de la banda y también formaba parte de la organización criminal.

El titular del área de secuestros de Policía Federal me decía que por ningún motivo dejara en libertad al conductor que tenía asegurado, ya que éste era el secuestrador que había hecho el reten para secuestrar a la persona que ellos acababan de liberar.

El teléfono que estaba escondido, gracias a las labores de inteligencia de la Policía Federal, les había permitido rastrear y ubicar a los demás miembros de la banda de secuestradores, ya que este era el teléfono utilizado para comunicarse entre ellos

Con esta información, solo había que esperar a que Policía Federal remitiera los detenidos a la PGR para que a su vez, el Ministerio Público Federal nos solicitara que le enviáramos al conductor que ahora sabíamos era un secuestrador.

Ya llevándose PGR al detenido, pasaba a segundo término el plazo fatal de las 48 horas que tenía para determinar la situación jurídica del conductor, ahora secuestrador. De esta forma podríamos integrar con tranquilidad la averiguación previa del robo del cajero automático, así como de los homicidios que se habían presentado un día antes.

Como a las ocho de la noche y viendo que no llegaba la solicitud de PGR, marqué a Policía Federal para preguntar qué había pasado, ya que estábamos a unas horas de que a nosotros se nos venciera el plazo de las 48 horas de ley que teníamos para determinar la situación jurídica del detenido.

El área de secuestros de Policía Federal me diría que al ser más de diez detenidos y al estar involucrados en un número importante de secuestros, todavía estaban haciendo la puesta a disposición en PGR.

Pregunté en qué nos obstruía lo anterior para mandarles al detenido. La respuesta fue desalentadora. Hasta ese momento ninguno de los secuestradores había relacionado en algún secuestro al conductor que yo tenía en los separos de la subprocuraduría. Por tanto, me solicitaban que lo arraigara porque esto podía tardar más tiempo del que a mi me quedaba para retenerlo legalmente.

Con el abogado defensor respirándonos en la nuca, me fui a ver al juez que le correspondía otorgarnos el arraigo. En el Estado de México, como en casi todos los estados del país, después de las tres de la tarde, los juzgados cierran y solo se queda un juzgado de guardia, el cual resuelve las medidas urgentes o apremiantes como en este caso sería la solicitud de un arraigo.

Para nuestra mala suerte, el juez que estaba ese día de guardia, era demasiado estricto en sus resoluciones y tenía cierta animosidad en contra de nosotros, porque en alguna ocasión un ministerio público lo había denunciado por un absurdo, mismo que había puesto en riesgo su trayectoria.

Mientras esperaba a que el juez me recibiera, no dejaba de lamentar mi poca fortuna. Sin mayores expectativas, pero con la esperanza de convencerlo, el juez muy serio me recibió. Ahí le expliqué toda la situación.

Al terminar mi exposición, su respuesta fue tajante, si para él no había suficientes elementos que justificaran el arraigo, no lo otorgaría, sin importarle que fuera el peor secuestrador.

El juez argumentaba que el dicho de que era un secuestrador no estaba acreditado en ningún expediente; que habíamos cometido un error al no formalizar la entrega del teléfono a la Policía Federal; que la sola mención de los policías municipales de que el detenido había amenazado con matarlos si lo ponían a disposición era irrelevante; que el dicho del vigilante de que uno de los asaltantes decía que los habían traicionado y que preguntaba por alguien y un vehículo al momento de querer escapar, tampoco lo convertía en cómplice.

No obstante todo lo que me había dicho, a las diez de la noche presentamos la solicitud de arraigo, con la idea de que pudiera reconsiderar. Mientras el juez se pronunciaba al respecto, me regresé a la subprocuraduría para esperar la resolución. En el inter entró a la oficina mi coordinadora de ministerios públicos para decirme que el abogado del secuestrador decía que si no liberábamos en ese momento a su cliente por falta de pruebas, me denunciaría por abuso de autoridad, por privación ilegal de la libertad, por delitos cometidos contra la administración de justicia y lo que resultara. Que además iría a Derechos Humanos a denunciar la violación de las garantías fundamentales de su cliente. Al no recibirlo, se iría amenazante.

A las once y media de la noche, mi coordinadora de Ministerios Públicos adscritos a los juzgados me llamó para decirme que el juez acababa de negarnos la solicitud de arraigo. Estábamos en serios problemas. Nos quedaban menos de siete horas para determinar la situación jurídica del presunto secuestrador, y si las pruebas habían sido insuficientes para un arraigo, lo eran más para una posible consignación.

Con la presión encima y preocupado por no tener alternativas, mi coordinadora de ministerios públicos me diría que el detenido vociferaba recurrentemente que su organización iba a empezar a matar a policías si no lo dejábamos en libertad, que su gente ya tenían instrucciones de qué hacer.

A la una de la madrugada llegó un notificador del Poder Judicial de la Federación con un amparo por incomunicación, exigiéndonos ver al detenido. Afortunadamente el amparo estaba hecho a favor de una persona con un nombre diferente al que nosotros teníamos detenido. Esto nos permitió negar el acto reclamado por lo que el notificador se retiró muy molesto pero con el abogado que había tramitado mal el amparo.

A las una y media de la madrugada, todavía en la oficina, llegó la llamada que todos estábamos esperando. Por fin los secuestradores detenidos por la Policía Federal habían relacionado al secuestrador que nosotros teníamos asegurado con varios eventos de secuestro. Con esa información, la PGR estaba elaborando la orden de presentación y localización para su traslado.

De esta manera convenimos que al vencerse el plazo de las 48 horas a las seis y media de la mañana de ese día, esto es, en unas cinco horas aproximadamente, nosotros le decretaríamos al secuestrador la libertad bajo las reservas de ley. Al sacarlo de los separos, ya habría personal ministerial de PGR esperándolo para llevárselo a sus instalaciones.

Con un agotamiento mental al límite, me retiré de la oficina a las dos y media de la madrugada pensando que el tema estaba solventado. Al salir, sólo veía un lugar obscuro y helado al que no quería regresar en varias horas. Lo único que deseaba en ese momento era poder poner aunque sea unos momentos mi cabeza en una almohada. No sabía que algo muy grave me haría regresar en menos de tres horas.

Poco después de las tres y media de la madrugada sonó mi teléfono celular para reportarme que muy cerca de la subprocuraduría se acababa de escuchar una ráfaga impresionante de disparos.

A los cinco minutos volvió a sonar mi teléfono, la voz agitada de mi coordinadora de ministerios públicos me diría: "Jefe, acaban de acribillar con más de 30 disparos de cuerno de chivo a dos policías que estaban a menos de 200 metros de la subprocuraduría".

Las amenazas que había proferido momentos antes el secuestrador detenido parecía que se habían cumplido. Me levanté inmediatamente. Había que tomar medidas para resguardar el centro de justicia de un posible operativo de rescate, pero además había que instrumentar mayores medidas de protección para el traslado del detenido que se haría en dos horas aproximadamente.

Después de hacer varias llamadas al director de la policía ministerial para que me mandara al grupo táctico para salvaguardar las instalaciones, solicité un helicóptero para que el traslado se hiciera vía aérea. Sin embargo, dependíamos de la nubosidad que hubiera en las próximas dos horas, por lo que teníamos que preparar toda la logística para un traslado vía terrestre.

La posibilidad de poder dormir había quedado atrás. Nuestro centro de justicia era muy vulnerable: ¿Cuántos policías resguardaban en ese momento nuestras instalaciones? ¿Qué armamento tenían? Al final eran lugares abiertos al público en donde cualquiera podía entrar y salir libremente.

Eso pensaba mientras mi cabeza daba vueltas y vueltas preocupado por todo. Me sentía responsable de que pudiera ocurrir un suceso todavía más lamentable. Debo admitir que esa madrugada, en esos instantes, por primera vez me cuestioné el porqué me dedicaba a esto. Tenía 33 años.

Después de unos minutos, opté por un largo baño e irme a la oficina a las cinco y media de la mañana por si algo llegaba a pasar. Todavía de noche y a obscuras, reflexionaba esta historia. Pensaba que la detención de esta banda de secuestradores y homicidas le había costado a México la muerte de cuatro policías.

Posteriormente sabríamos que efectivamente como lo había narrado el vigilante, uno de los asaltantes había sido herido de bala. Los asaltantes para evitar que fuera rastreado en el Estado de México se lo llevaron a la Cruz Roja de Polanco. Ahí se alertó a las autoridades de un ingreso por proyectil de arma de fuego. Gente de Policía Federal lo ubicaría en sus bases de datos como un secuestrador.

El secuestrador herido narró lo que había pasado horas antes. La banda había decidido robar un cajero automático, que era una actividad que realizaban a la par del secuestro como fuente de financiamiento. Sin embargo, el conductor que tenía que pasar por ellos en el vehículo de fuga nunca había llegado, por lo que ellos habían decidido matar a los policías que acudieron al rescate para poder escapar e irse en ese vehículo.

No obstante, ellos nunca supieron que su cómplice había sido detenido por la policía municipal en esos momentos y puesto a disposición del Ministerio Público. De ahí a que le hubieran seguido llamando por teléfono para localizarlo. Llamadas que fueron aprovechadas por el área de inteligencia de la Policía Federal para ubicar a los otros miembros de la banda.

Semanas después fueron detenidos más miembros de la banda, responsables éstos de la muerte de los dos policías que fueron acribillados horas antes del traslado. Los detenidos narraron que el abogado les había comunicado el recado que enviaba el secuestrador detenido. Su coraje era, supuestamente, porque ya existía un arreglo previo para que ningún policía acudiera al auxilio cuando sonara la alarma. Esta versión nunca sería corroborada. Sin embargo, los cuatro policías muertos pertenecían a la misma corporación.

Al final, el traslado se hizo bajo un impresionante despliegue de seguridad sin ningún contratiempo. Se había detenido a una de las bandas de secuestradores más peligrosas del país gracias a la honestidad y perspicacia de dos policías municipales. Si ellos hubieran recibido el soborno de 500 pesos y se hubieran retirado, este caso no se hubiera resuelto tan rápido. Sin embargo, ellos no sólo se negaron a recibirlo, sino que además detectaron lo sospechoso de que el conductor se aferrara a seguir estacionado en el mismo sitio.

Un ejemplo más de que existen grandes historias de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida y trabajan por un México mejor, aunque muchas veces no los vemos.