Centrales de abasto destinan 48 mdp al mes en seguridad privada
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Alfredo Neme, presidente de la Conacca, señaló que la central de Ciudad Juárez registra un alto índice de comerciantes secuestrados.
Ciudad de México.- Las 64 centrales de abasto y mercados mayoristas erogan cada mes unos 48 millones de pesos en el pago de seguridad privada, a fin de salvaguardar la integridad física individual y familiar, evitar robos a establecimientos y garantizar el traslado de mercancías.
La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto (Conacca), explicó en un comunicado que el gasto se hace necesario ante la persistencia de la inseguridad, y porque los comerciantes mayoristas son blanco de secuestradores.
Aseguró que también, como resultado de la incertidumbre por la inseguridad, las ventas en las centrales cayeron en 10 por ciento, por lo que pidió a los tres órdenes de gobierno garantizar la seguridad a todos los mexicanos.
El presidente de la Conacca, Alfredo Neme Martínez señaló que a 19 días de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública firmó el Acuerdo por la Seguridad, que prevé 74 puntos, es "inadmisible" que persistan actos delictivos contra sus agremiados, toda vez que pagan puntualmente sus impuestos federales y locales.
Son recursos que, dijo, se sabe que son utilizados entre otras cosas para pagar sueldos de policías federales, estatales y municipales encargados de otorgar seguridad pública a todo ciudadano, pero "estamos en la total indefensión ante el crimen organizado" .
Alfredo Neme mencionó la central de abasto de Ciudad Juárez como una de las que vive situación de alarma por la ola de secuestros e inseguridad, dado que entre julio y agosto del presente año siete comerciantes mayoristas fueron víctimas de bandas de plagiarios.
Aseguró que en cada uno de esos casos se vieron obligados a pagar rescates millonarios hasta lograr la libertad con vida de los secuestrados; aunque admitió que en ninguno hubo denuncia penal de por medio, debido a la creciente desconfianza hacia las autoridades judiciales.
"Familias completas de comerciantes mayoristas de ese estado han tenido que abandonar el país y trasladar su residencia a El Paso, Texas, para operar sus comercios `a control remoto', e incluso algunos prefirieron bajar la cortina", expuso.