Denuncian ante PGR “ecocidio” del Estado de Quintana Roo

Nacional
/ 27 enero 2016

Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado de la República, denuncio ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables por los daños hechos en la zona del malecón Tajamar

Piedras Negras, Coah. 27 de enero. - Con la finalidad de castigar a los responsables en contra de la masacre ambiental en el Estado de Quintana Roo, la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en el Senado de la República, Silvia Garza, denuncio ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables por los daños hechos en la zona conocida como malecón Tajamar.

Recordó que en la madrugada del pasado 16 de enero del año fue llevado a cabo un ecocidio en la zona conocida como malecón Tajamar frente a la laguna Nichupté, en la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que de forma ilegal, imprudente y arbitraria fueron destruidas más de 50 hectáreas de manglar con maquinaria pesada.

La legisladora coahuilense aseguró que fue la Organización No Gubernamental denominada “Centro Mexicano de Derecho Ambiental” la que hizo público que los permisos para dicho desarrollo fueron autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con omisiones en cuanto a la información proporcionada por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), tal y como fue informar la existencia de manglar, así como la flora y fauna existente en la zona. 

“Es importante señalar que la SEMARNAT debió revocar dichas autorizaciones al cerciorarse que la información proporcionada era inexacta, ya que, si bien es cierto, dichas autorizaciones fueron aprobadas en el año 2005, también lo es que, desde hace meses, la SEMARNAT pudo haber evaluado nuevamente la autorización otorgada, pudiendo revalidarla, suspenderla e inclusive modificarla, ya que personal de dicha dependencia así como de la PROFEPA hicieron visitas e inspecciones a la zona” dijo.

Subrayó que más allá de la legalidad de la autorización otorgada, FONATUR o en su caso las empresas desarrolladoras debieron cumplir con un programa de rescate de vegetación y traslado de fauna, mismo que inclusive debió ser presentado a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT.

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La legisladora coahuilense comentó que los manglares, brindan una gran variedad de servicios ambientales como zonas de refugio, alimentación y crecimiento de diversas especies de fauna tanto acuática como terrestre. 

Poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros.

“Me encuentro presentando formalmente esta denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables del daño en Tajamar, previo a los trámites de Ley, se debe determinar el ejercicio de la Acción Penal en contra de quien o quienes resulten responsables y en su caso exigir la reparación o compensación de los daños ocasionados al medio ambiente” finalizó la también secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cabe destacar que la Senadora Silvia Garza impulsó ante la Tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que exhiba el manifiesto de Impacto Ambiental presentada por Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Así como, el informe de los términos y condicionantes de la autorización del proyecto citado en relación con la prohibición en materia de mangle prevista en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre; y a FONATUR para que informe sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada.

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