En 200 años, ni empresarios ni autoridades han pagado tras la muerte de 3 mil mineros

Ciudad de México.- La actividad minera en México ha provocado la muerte de 3 mil personas desde que se iniciaron las actividades de extracción hace 200 años. De acuerdo con el informe “El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio”, esta cifra es consecuencia de la complicidad que hay entre el Gobierno y los empresarios, que derivan en condiciones laborales que rayan en la esclavitud moderna.

El documento elaborado por los familiares de los 63 mineros muertos en la mina de Pasta de Conchos y por la organización Heinrich Böll, enfatiza en que en esos 200 años y por esas 3 mil vidas, ningún empresario ha recibido algún castigo.

Rodrigo Olvera, miembro de la Organización Familiares Pasta de Conchos, dijo en conferencia de prensa que esas 3 mil muertes se entienden por la protección del Estado y con la impunidad, ya que no solo fallan las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sino también está la protección a las empresas y el abandono de la región carbonífera, que está en Coahuila.

Hay dos datos que permiten dimensionar las condiciones de los trabajadores de la mina de carbón: uno, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tardó más de 20 años en dar protección a mineros; y dos, hasta la fecha, en la región o hay un hospital de especialidades que atienda la silicosis, que es la enfermedad propia de minero de carbón, que respira un polvo que se impregna en los pulmones hasta que ya no pueden respirar.

Sin embargo, eso termina por afectar a toda la comunidad, ya que las minas y la lavadora de carbón conviven con los hogares. Además de la silicosis, también hay padecimientos oculares y enfermedades en la piel.

En este contexto, el sindicato también ha jugado un papel importante, ya que jamás se presionó al IMSS para que incluyera a los trabajadores y descartaba las huelgas para exigir mejores salarios.

Elvira Martínez, viuda de uno de los 63 mineros, comentó que a 12 años de la catástrofe, buscan evidenciar a las empresas extractivas que no invierten en las condiciones de seguridad de los trabajadores, ya que el 19 de febrero de 2006, con Pasta de Conchos, se abrió una ventana a lo que es la minería “fue el destape de todas las condiciones de los trabajadores de las mineras”.

“German Larrea, dueño de Grupo México, no invierte en las minas. Hay fotos del interior de la mina y se ve cómo no haba ninguna medida de seguridad.

La STPS hizo actas y ahí están las faltas que tenían que ser reparadas pero no hicieron caso. Una semana antes de la explosión se firmó un acta por Grupo México y STPS donde se aseguraba que toda la mina estaba en perfectas condiciones. Esta es la única empresa que no recupera muertos”, agregó.

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera, dijo que las cifras muestran que los empresarios, el sindicato, el estado de Coahuila y el federal, están contra los mineros.

“La complicidad del Gobierno está porque son negocios personales […] La zona carbonífera revela lo que pasa en todo el país. German Larrea tiene minas en otros lados y ocurre lo mismo: producir carbón al menor costo aunque se pierdan vidas humanas. Son criminales el Gobierno federal, estatal, la Secretaria del Trabajo. Son una complicidad criminal, dijo.

Agregó: “No es un Gobierno corrupto, es un Gobierno criminal. Tienen en sus hombros crímenes de lesa humanidad. Pasta de Conchos es solo una muestra”.

Finalmente, la investigadora Cristina Auerbach, dijo sobre la transición a la energía verde, que hay países en Europa que están en el proceso de cerrar minas para protegerse, pero lo compran a América, lo que no genera una transición completa y entonces “ellos son verdes a costa de la negrura del tercer mundo”.

Mencionó el caso de México con los parques eólicos que han sido impuestos a comunidades y lanzó la pregunta: “energía verde, sí. Pero ¿a qué costo?”.

“El problema con México es que si le pides firmar algo, lo firma ante notario, pero no hay mecanismos de cumplimiento. Si no hay una política o un discurso, se comprará carbón afectando a otros, cuando el carbón contamina cuando lo transportas y cuando lo quemas, y no solo al minero que lo extrae. Así no se solucionan los problemas”, concluyó.