Comprometida la legalidad de un sexenio: en peligro registros del PRI y el PVEM
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En caso de probarse los dichos de Lozoya México vivió una ‘presidencia espuria’
CDMX.- El reparto de dinero negro por parte de Odebrecht pone en duda la legalidad de la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, según las revelaciones sobre el caso de Emilio Lozoya Austin, y todo apunta hacia una “presidencia fraudulenta”
Las aportaciones ilegales según documentos del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyas indagatorias permanecen abiertas, llegaron a la campaña de Peña Nieto mediante las empresas Blunderbuss Company de México y las empresas fachadas de Odebrecht: Constructora Internacional del Sur y Reserch Enginnering and Development LTD, además de la suiza Latin America Capital Holding.
El expediente no se ha cerrado, pues el INE reportó en su informe del 12 de febrero de 2020, que el caso se encuentra en “sustanciación” por la “probable aportación de entes prohibidos” en la campaña presidencial de Peña Nieto.
En caso de comprobarse las acusaciones de Emilio Lozoya Austin, estaríamos ante una “Presidencia fraudulenta”, la que postularon tanto el PRI como el PVEM, según el exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) Alfredo Figueroa.
Explica el exconsejero que el INE investiga ahora un posible vínculo entre el modus operandi de la elección presidencial y la local del Estado de México de 2017 cuando ganó Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador de esa entidad.
SANCIÓN MÁXIMA
La pérdida de su registro es la sanción máxima que pueden recibir el PRI y el Partido Verde por el rebase de tope de campañas y permitir que empresas privadas extranjeras y mexicanas aportaran recursos económicos a la campaña de su candidato Peña Nieto.
“Las consecuencias pueden ser la cancelación del registro para poner un alto a este tipo de cosas, pues son partidos que han sido reincidentes plena, absoluta y claramente en términos de estas conductas”, dijo el exconsejero Figueroa.
El INE esta obligado a solicitarle a la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos y pruebas que aporte Emilio Lozoya para que como autoridad electoral investigue y corrobore los dichos de Emilio Lozoya.
El instituto ha estado solicitando información a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la entonces Procuraduría General de la República, pero al no recibirla debió denunciarlo y hacerlo público, sobre todo porque desde entonces el secreto bancario ya no operaba para la autoridad electoral, advierte el exconsejero.
Según Lozoya, Odebrecht aportó 100 millones de pesos a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, el 25 de junio de 2012 el PAN denunció a la alianza PRI-PVEM por llevar gastados 700 millones de pesos en la campaña de Peña Nieto.
Pero en una controvertida sesión del 23 de enero de 2013 el IFE exoneró a los partidos denunciados por rebasar el tope de campaña fijado en 336 millones 112 mil pesos, e incluso dijo que Peña Nieto había gastado solo 327 millones 527 mil pesos.
Lo que revela Lozoya en caso de quedar probado demuestra no solo el exceso en el gasto, sino el ingreso de recursos extranjeros para apoyar la campaña presidencial, todo según el exdirector de Pemex, por instrucciones de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso.
CONSULTORAS EXTRANJERAS
En su denuncia de hechos deja en claro que los recursos de Odebrecht se utilizaron además para el pago de empresas consultoras extranjeras, algunas de Estados Unidos y otra de Alemania y que además tu tarea como coordinador de asuntos internacionales, le ordenaron conseguir fondos de empresas del exterior para financiar la campaña electoral.
El exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa, aclara que el fraude no viene sólo del gasto, sino del origen, que es el que te condiciona el ejercicio del poder, como en el caso de Odebrecht. El fraude se constituye por el origen no por la cantidad, pues ninguna persona moral puede aportar a la campaña, el fraude esta en que el dinero es ilegal.
En caso de probarse los dichos de Lozoya, se caería a que México tuvo una “presidencia empuria”, según Figueroa y lamentó que entonces no se tenía la información con que hoy se cuenta, pero lo que debió haber ocurrido en aquel momento fue anular la elección y convocar a otro proceso. (Con información de la Revista Proceso)
