Familiares de desaparecidos alertan: la Ley de EPN es un retroceso y desdeña la crisis

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de víctimas de desaparición advirtieron del peligro que representa la propuesta de Ley de Desaparición de personas del Presidente Enrique Peña Nieto, por no incorporar medidas que atiendan a cabalidad la crisis que atraviesa México.

Los familiares de desaparecidos, que de acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional, suman 27 mil en el país, presentaron las observaciones para ser incluidas en la iniciativa de Ley en la materia que el Senado pretende aprobar en el actual periodo de sesiones.

Sin embargo, advirtieron que hasta ahora, la propuesta con más peso en las discusiones, la enviada por el Presidente Peña Nieto, podría ser un retroceso en los esfuerzos de crear una Ley que respalde a las familias.

“Hemos hecho un cuadro comparativo. En el contenido de esta iniciativa no se reconoce de entrada el problema de las desapariciones forzadas en el país. Desde el título de la iniciativa se habla de forma general de desapariciones, y en las recomendaciones que se han hecho es que esta Ley tiene que ir por desaparición forzada y desaparición de personas”, dijo Nadín Reyes Maldonado, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos.

El 10 de diciembre, el Jefe del Ejecutivo anunció que enviaría al Senado una iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas. Organizaciones civiles, presentes en el Senado, apoyan la creación de una ley que vienen pidiendo desde hace varios años, pero no bajo los términos de la iniciativa presidencial.

“El delito debe ser tipificado de acuerdo a estándares internacionales en los cuales ya existen los marcos legales. Lo único que tiene que hacer el Estado es retomarlos y ponerlos tal cual”, explicó Reyes.

¿QUÉ INCLUIR?

Amalia Hernández de la Red Eslabones Morelos detalló que en la Ley no sólo debe haber un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sino uno de personas que están detenidas.

“Que no tiene contacto con el exterior. Y que no están en posibilidades de dar aviso. Que incluso están en cárceles, monasterios, centros de rehabilitación, centros de atención migrante. De esta forma el trabajo tiene que hacerse de forma integral”, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, presidente de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, detalló que la Ley debe incluir la figura de colaboración eficaz para que el Ministerio Público, al igual que en Colombia o Guatemala, pueda esclarecer casos de desaparición en las que participa el crimen organizado.

“Creemos que es muy importante también que los servidores públicos de los que existan suspicacias sean separados de las investigaciones. En muchas ocasiones lo que hacen es obstaculizarlas. Desaparecen la cadena de custodia. La desaparición forzada muchas veces se da con personas que están al frente de las investigaciones”, dijo durante su intervención.

Asimismo, las organizaciones civiles exigieron frente a los presidentes de las comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativo del Senado de la República, que los planes de investigación deben ser consultados con las víctimas

“El MP no puede archivar una investigación, por no tener líneas de investigación. Se ha dado el caso que ante la ineficacia del MP ya no se investiga aunque el familiar le haya dado indicios. Las personas que conformen estas investigaciones deben ser sometidas a controles de confianza. Como en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, donde hemos puesto a un grupo de personas insensibles”, refirió Gutiérrez.

LECCIONES NO APRENDIDAS

La Senadora del Partido de la Revolución Democrática (pRD) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, recordó que en las desapariciones aún hay participación del Estado una lección no aprendida después de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014.

“No acabamos de entender con lo mismo que acaba de pasar con estos cinco jóvenes en Veracruz”, recordó.

En febrero del 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas determinó que existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado. “Muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, citó en su informe.

El documento “La Desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas” apuntó que la tipificación de la desaparición forzada representa un delito de lesa humanidad desde 1983 y resaltó el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, la noche del 26 de septiembre del 2014, como un caso representativo.