Gobierno cedió terreno forestal a inmobiliarias invasoras; Presidencia dice que no había alternativa

Por Paris Martínez/@paris_martinez para Animal Político
 
Un terreno forestal de 24 mil metros cuadrados, perteneciente al Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, fue formalmente cedido por el gobierno federal a las inmobiliarias y particulares que lo mantenían invadido desde 2011.

Estos 24 mil metros forman parte de un terreno de 15 hectáreas de suelo forestal, propiedad del gobierno, que oficialmente fue declarado en “desuso”, para así permitir su desincorporación de los bienes de la nación.

El acuerdo gubernamental mediante el cual se entregó a particulares esta primera fracción del terreno de 15 hectáreas fue firmado el 30 de noviembre de 2018, es decir, en el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, quedó pendiente su entrada en vigencia.

Fue el 13 de diciembre de 2018 cuando las nuevas autoridades federales, ahora encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consumaron la entrega de este terreno a sus invasores, mediante la publicación del acuerdo de cesión en el Diario Oficial de la Federación.

Consultada sobre la entrega de este terreno, la oficina de la Presidencia de la República aseguró que “este gobierno (de López Obrador) no tenía alternativa, dado que los métodos alternativos de solución de controversias (procedimiento conciliatorio empleado por la pasada administración federal para abordar la invasión del terreno) poseen fuerza vinculante”.

Por esta razón, la oficina de la Presidencia aseguró que el haber publicado el acuerdo de entrega, para que cobrara vigencia, “no se trata de una convalidación, sino del respeto al orden institucional”.

Para justificar la entrega de este terreno a particulares, en el acuerdo de desincorporación publicado en el Diario Oficial se establece que las 15 hectáreas de suelo forestal se encuentran física, administrativa y estructuralmente en “desuso”, razón por la cual es procedente su entrega a los particulares y las inmobiliarias invasoras, que son: la particular María Elena Trejo Guerrero, el particular Juan Reséndiz Vázquez, la inmobiliaria F4 SA de CV, y la inmobiliaria Fridman y Valls SA de CV.

La afirmación de que ese terreno está en “desuso”, sin embargo, no es verdadera.

La realidad es que en ese lugar opera el Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal (CENID-Microbiología), y en ese terreno, además de sus instalaciones centrales, este organismo público opera corrales y áreas de aislamiento, en donde se realizan investigaciones en materia de salud animal, salud alimentaria y enfermedades que pueden transmitirse de animales a humanos, entre otros rubros.

Tal como informó personal de este Centro, el terreno de 15 hectáreas se encuentra en una loma, que en su parte baja da con la Autopista México-Marquesa, en Santa Fe, una de las zonas con mayor valor inmobiliario del país. Esa fue la parte invadida.

La invasión de la parte baja de la loma inició en 2011, informaron representantes del CENID, y las inmobiliarias que se adueñaron ilegalmente de esa fracción de terreno iniciaron ese mismo año el corte y remoción de la loma, que descendía en una pendiente de 45 grados, para así dejar el terreno invadido (de 24 mil metros cuadrados) al mismo nivel de la autopista.

Además de la afectación que estas operaciones irregulares provocaron en la fracción de terreno invadida, este corte de la loma dejó la parte superior del predio sin soporte, provocando el desplazamiento del suelo y daños estructurales en las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal.

El corte de la loma, además, provocó derrumbes  en su fracción invadida.

Aún cuando la cesión de este terreno a las inmobiliarias invasoras se consumó apenas iniciado el nuevo gobierno federal, destaca un hecho: entre 2013 y 2018, en la zona invadida se construyeron diversos edificios de oficinas y departamentos de lujo, así como negocios particulares, sin que los gobiernos federal y local (encabezados en ese lapso por Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera) hicieran nada para impedirlo.

Aunque la invasión del predio por parte de constructoras privadas fue denunciado desde 2011, siendo presidente Felipe Calderón, las autoridades federales no hicieron nada.

Luego, en 2013, ante el inicio de las obras en dicho terreno, el personal de este Centro de investigación alertó de los hechos a la Presidencia de la República, con Peña Nieto al frente.

El resultado de esta denuncia vino tres años después, en 2016, aunque no fue el esperado por los denunciantes, ya que en vez de emprender acciones para recuperar la zona invadida, el gobierno federal puso las 15 hectáreas de suelo forestal a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para iniciar su proceso de desincorporación del patrimonio nacional.

Aunque hasta el momento sólo se ha entregado a particulares 24 mil metros cuadrados, las restantes 12.6 hectáreas de suelo forestal siguen a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Tal como informó la oficina de Presidencia, el uso de las restantes 12.6 hectáreas de suelo forestal “será congruente con lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019”, cuando anunció que en la zona de Santa Fe no se promoverán desarrollos inmobiliarios privados en terrenos oficiales, dando así prioridad a la conservación del medio ambiente.

Segundo frente

El Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, que fue despojado del terreno invadido en Santa Fe, forma parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que desde el pasado 20 de marzo se encuentra en huelga, por una exigencia sui generis: lo que los investigadores piden como primer punto es el “otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos de investigación”.

Es decir, lo que demandan en primera instancia es apoyo a la investigación científica.

Su segunda demanda, según el pliego petitorio sindical, del que Animal Político obtuvo copia, es que del presupuesto de la institución se destine una parte razonable a la capacitación, así como a la evaluación de las investigaciones que realizan sean evaluadas, para constatar su pertinencia.

Igualmente, exigen que las autoridades destinen recursos a la difusión de las investigaciones que este Centro realiza, para que los conocimientos generados puedan llegar y beneficiar a la población mexicana.

Además, se exige un incremento salarial de 20% para los trabajadores del Instituto, cuando la autoridad sólo ofrece un incremento de 3.3%.

La huelga sigue, y las negociaciones laborales también.