Historias negras detrás de candidatos del PRI al Congreso

Entre los candidatos al Senado que en el pasado fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestos vínculos con el crimen organizado se enlistan: Manuel Añorve Baños y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

En el primer caso, el ex alcalde de Acapulco y el otrora diputado federal, Manuel Añorve Baños, fue señalado en 2010 por un miembro de la organización de los Beltrán Leyva de haber recibido dinero para financiar su precampaña y su campaña política al gobierno de esa entidad.

De acuerdo con declaraciones de un testigo protegido de la PGR, en noviembre de 2010 le habrían entregado cinco millones de dólares al entonces alcalde de Acapulco, quien en total fue acusado de recibir 15 millones de dólares.

Un año más tarde, en 2011, se confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) si investigó al ex candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, sin embargo la dependencia federal concluyó que no había delito que perseguir y argumentó que los señalamientos del testigo en cuestión no fueron ciertos y carecían de fundamento.

En el segundo caso, a pesar de ser señalado por Servando Gómez “La Tuta” de haber estado involucrado con él, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, aparece en la lista de candidatos a un escaño en representación de su entidad natal, Michoacán.

El hoy candidato a senador, sobrino del legislador Ascensión Orihuela Bárcenas, fue incluido en mayo de 2009, cuando era alcalde de Zitácuaro, en la lista de 38 funcionarios estatales implicados por la PGR por sus vínculos con el narcotráfico y su presunta participación en el llamado “michoacanazo”.

En 2010 fue investigado por la PGR tras aparecer en la nómina de alcaldes de LA Familia Michoacana. Sin embargo se determinó insuficiencia de pruebas.

Mención aparte merece el caso de la candidata a senadora Gabriela Bernal Reséndiz, pues aunque ella no tiene ningún señalamiento por vínculos con el crimen organizado, su media hermana Ximena Bernal Vargas fue detenida en julio de 2016 junto con el presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco, Carlos Alberto “N” alias “El Ruso”.

La media hermana de la aspirante a un escaño, era secretaria general en el estado de la Red de Jóvenes por México, organismo del Revolucionario Institucional.

Gabriela Bernal Reséndiz, ex secretaria de la Mujer en Guerrero, confirmó su parentesco tras la detención y se deslindó de las actividades de su media hermana.

Incluso, aparecen figuras como Lorena Martínez, candidata al gobierno de Aguascalientes y otrora titular de Profeco, quien en 2014 fue acusada por presunto tráfico de influencias al haber beneficiado a la empresa Vinos y Bodegas Alameda, propiedad de su familia, con 32 licencias para abrir expendios en la ciudad.

En la lista de candidatos al Congreso de la Unión del PRI, aparecen figuras como Lorena Martínez, ex candidata al gobierno de Aguascalientes y otrora titular de Profeco, quien en 2014 fue acusada por presunto tráfico de influencias al haber beneficiado a la empresa Vinos y Bodegas Alameda, propiedad de su familia, con 32 licencias para abrir expendios en la ciudad.

La también ex candidata al gobierno de Aguascalientes además se vio envuelta en un escándalo por la adquisición de una residencia valuada en 10 millones de pesos, ubicada en la Ciudad de México, que no fue reportada en su declaración patrimonial.

También se enlista por una candidatura al Senado, Maricela Emilse Etcheverry Aranda, conocida como “Azul”, quien fue señalada por irregularidades cuando estuvo como ex directora del DIF de León Guanajuato. En 2014, la Contraloría Municipal de León detectó desvíos por más de un millón 800 mil pesos para lo cual se emitieron facturas a nombre de empresas “fantasma”.

Etcheverry había renunciado en junio del 2013 al DIF de León y para cuando se hicieron públicas las irregularidades se deslindó del asunto defendiendo que fue la presidenta honoraria del DIF y no tuvo nunca responsabilidades operativas.