Huachicol: ¿acabó siendo un problema sistémico?

El gran descubrimiento inicial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la existencia del denominado “huachicol”, es decir, el robo masivo de combustible, a través de distintos mecanismos, por parte de bandas delincuenciales que lo sustraían directamente de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La realización de tomas clandestinas era uno de los mecanismos comunes, pero no el único. También se descubrió la sustracción desde las refinerías o el robo de unidades de transporte. Las cifras eran de tal magnitud que obligaron al diseño e implementación de toda una estrategia, de alcance nacional, para combatir el problema.

A lo largo del sexenio se afirmó, en repetidas ocasiones, que la estrategia daba buenos frutos y que el problema se había reducido casi hasta desaparecer. Esa fue siempre la versión oficial, pero esta fue constantemente contradicha por cifras de especialistas en el tema que, en línea con el discurso oficial, siempre dijeron tener otros datos.

Múltiples voces plantearon incluso lo contrario, es decir, que no solamente no se redujo el problema, sino que éste creció. Y al menos en lo que hace al denominado “huachicol fiscal”, es decir, la introducción ilegal de combustible al país, eso ha quedado sobradamente probado.

De acuerdo con los datos contenidos en el reporte que publicamos en esta edición, habría evidencia de que, en efecto, el problema ha crecido. O, al menos, en opinión del Observatorio Ciudadano de la Energía, la información disponible de los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum así lo demuestra.

Francisco Barnés de Castro, integrante del citado Observatorio, sostiene que en el primer tercio de la actual administración, el daño fiscal causado al país por efecto del robo de combustible supera en 6.8 por ciento lo ocurrido en el mismo periodo de la administración anterior y en casi mil por ciento lo registrado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El cálculo que realiza el especialista implica que la Secretaría de Hacienda dejó de recaudar, por estos ilícitos, 165 mil 437 millones de pesos en los primeros dos años del sexenio.

En otras palabras, el negocio del huachicol, en sus diferentes vertientes, sigue gozando de cabal salud y continúa siendo un problema que provoca graves pérdidas al país. Pero esas pérdidas que se cargan a la cuenta de lo público se convierten en ganancias –ilícitas, desde luego– en bolsillos privados.

Y como es imposible que una operación delincuencial de tal magnitud prospere sin la participación de individuos que operen desde las instancias públicas, la conclusión más relevante es la lógica: el problema de fondo es que la corrupción y la impunidad no se han combatido con eficacia.

En otras palabras, la mayor de las promesas de la autodenominada “cuarta transformación”, el más importante elemento diferenciador de esa clase política con el pasado, ha quedado en una simple promesa más incumplida y, con ello, el huachicol terminó siendo un problema transversal.