Ley de Salarios Máximos seguirá suspendida, desechan recursos del Ejecutivo y Congreso

Nacional
/ 13 febrero 2019

Ahora queda esperar que el pleno de la Corte resuelva sobre la constitucionalidad de la ley de percepciones, la cual ha sido impugnada entre otros por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencias, integrantes del Congreso y más de 3 mil servidores públicos

Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por mayoría de tres votos contra dos los recursos de reclamación presentados por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión en contra de la resolución que suspende la entrada en vigor de los efectos de la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos.

De esta manera el máximo tribunal del país desahogó los recursos que se presentaron en contra de la suspensión que otorgó en diciembre pasado el ministro Alberto Pérez Dayán, y que impide la aplicación de la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos. que establece como salario máximo 108 mil pesos para el presidente de la República y que ningún otro funcionario reciba mayor salario que el del Ejecutivo Federal.

Quienes votaron a favor de mantener la suspensión de los efectos de la ley de percepciones fueron los ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Luis María Aguilar (este último pertenece a la primera sala, pero se solicitó su participación en la segunda sala para que se obtuviera una votación mayoritaria, toda vez que la ministra Margarita Luna Ramos se encuentra de vacaciones y al votarse a favor o en contra de los proyectos presentados podría darse un empate).

En tanto los ministros Javier Laynez Potisek y Franco González Salas votaron en contra de la suspensión otorgada, pero al no ser mayoría se mantienen los efectos de la suspensión y ahora queda esperar que el pleno de la Corte resuelva sobre la constitucionalidad de la ley de percepciones, la cual ha sido impugnada entre otros por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencias, integrantes del Congreso y más de 3 mil servidores públicos que promovieron solicitudes de amparo.

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