Los miembros de la Guardia Nacional tendrán 43 atribuciones

La Guardia Civil será un cuerpo de élite, conformada de entrada por militares y con 43 atribuciones, desde combatir la inseguridad, resguardar el aeropuerto y las aduanas, hasta realizar investigaciones y desplegar operativos contra la delincuencia organizada en todo el territorio nacional.

Los integrantes de la Guardia Nacional, que en cinco años, plazo que se fijó el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, deberán ocuparse al 100 por ciento de las tareas de seguridad pública, están facultados para llevar a cabo intervenciones telefónicas, monitorear rastrear delitos en Internet y requerir a personas físicas y morales informes y documentos para fines de investigación. Los integrantes de la Guardia Nacional podrán, incluso, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, revisar los documentos migratorios de extranjeros y presentar a quienes se encuentren en situación irregular.

Todo ello quedó establecido en la Ley de la Guardia Nacional, que ayer se aprobó, un dictamen con cambios en más de 50 por ciento de la propuesta original del gobierno federal.

Tanto en el dictamen como en la discusión ante el pleno se insistió en el carácter civil de la naciente corporación policiaca. Sin embargo, se integra con una especie de pie de veteranía, es decir, con personal que tiene conocimiento y experiencia en materia de seguridad, tomado de la Fuerza Armada Permanente.

En la nueva ley se establecer que el mando civil de la Guardia se confiere al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero el mando operativo recaerá en el comandante de la corporación nombrado por el ejecutivo federal.

Se trata de un cuerpo de élite, cuyo personal estará sujeto a una estricta disciplina, homologada a la militar, que incluye prisión hasta de 80 años por colaborar y beneficiar al crimen organizado.

Aunque la oposición logró que se disminuyeran las sanciones por insubordinación, para que no parecieran calcadas del Código de Justicia Militar, se incorporó el delito de insubordinación, cuando el personal falta a sus deberes de disciplina y amenaza a su superior jerárquico o lo agrede físicamente. Se incluye la coordinación de la Guardia Nacional con estados y municipios, y se precisa que la federación se hará cargo del costo de los operativos, pero éste será compartido en el caso de convenios entre ambas instancias.