Ordena el gobierno de México a los académicos del CIDE no publicar críticas que puedan dañar la “dignidad” de sus jefes

Ciudad de México- Esta orden fue anunciada el fin de semana, y está dirigida tanto a los investigadores como a los empleados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que si bien es un organismo independiente, es financiado por el Estado.

Desde el CIDE es desde donde ha habido una resistencia a los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer que las instituciones académicas sean más nacionalistas y que estén orientadas hacia el Estado y que sean progubernamentales.

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Por su parte, los críticos precisan que las nuevas normas equivalen a una ley mordaza, debido a que le exige a cualquier persona relacionada con el Centro de Investigación y Docencia Económicas “abstenerse de difundir, mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona pública”.

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública indicó que “dichos compromisos no buscan restringir la libertad de expresión; por el contrario, se orientan a garantizar dicho derecho”.

Mientras tanto, Juan Antonio García Palermo, científico de otro instituto de investigación financiado por el Estado, escribió en sus redes sociales que “no debemos perder de vista que las redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas donde se discuten los temas”.

Este no es el primer confrontamiento del actual gobierno con académicos.

En abril pasado, AMLO promulgó una ley que hizo que el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), que concede becas de investigación y otros financiamientos, incluyera a representantes del Ejército y la Armada en su junta de gobierno.

Mientras que en 2021, el CONACyT le ordenó a sus investigadores a no criticar al organismo, e indicó que cualquier comentario público que hicieran tendría que ser aprobado con anterioridad por su oficina de prensa.

Por último, previamente, el consejo colaboró con la Fiscalía en su intento por encarcelar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad que estaban imputados por gastar fondos de investigación que en aquella época estaban autorizados a utilizar.

Con información de la Agencia The Associated Press.