Pueblo milenario cercano a Santa Lucía exige consulta; gobierno de AMLO lo ignora

Por Itxaro Arteta/@iartetam
 
La comunidad de San Lucas Xolox, en el Estado de México, se prepara para festejar en 2020 los mil años de su fundación. Es el pueblo más viejo de la zona que rodea a la base aérea de Santa Lucía y presume que su nombre viene de que ahí estuvo el imperio del rey chichimeca Xólotl. Sin embargo, el actual gobierno no lo consideró un pueblo indígena al que había que consultar para el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

En el municipio de Tecámac, al que pertenece Xolox, hay 12 pueblos que se consideran originarios, junto con Zumpango y Nextlalpan, los otros que rodean a la base, suman 20. Pero solo se realizó una consulta en uno de ellos, San Miguel Xaltocan, Nextlalpan, el pasado 10 de marzo. En el resto, ni siquiera se instalaron casillas de la consulta pública que el equipo de transición organizó en octubre en todo el país para decidir si se cancelaba el Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco y se construía otro en Santa Lucía.

Algunos habitantes han comenzado a organizarse y ya han juntado alrededor de 350 firmas para pedir al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que se les reconozca como tal y se haga una consulta sobre la obra, ya que hasta ahora las únicas negociaciones han sido entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del proyecto, y los campesinos para que vendan sus tierras. Los pobladores quieren que se considere a toda la comunidad por lo que les va a implicar en cuanto a ruido, desabasto de agua, inseguridad y otras afectaciones de la megaobra.

El coordinador de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar, confirmó a Animal Político que aunque Xolox tiene más hablantes de lengua indígena que Xaltocan, se decidió no hacer consulta porque el Instituto consideró que la obra no va a impactar de manera significativa la vida de la comunidad, ubicada a menos de un kilómetro de la pista aérea.

Negociación entre militares y campesinos

Filiberto Mena tiene una tienda de alimentos justo en la pequeña plaza central del pueblo, al costado de la iglesia, donde también se ubican las oficinas del comisariado ejidal. Desde la puerta de su negocio, notó en el último mes una presencia inusual de militares entrando y saliendo a hablar con los campesinos.

Después se enterarían, cuenta, de que los ejidatarios acordaron que se negociara solo con ellos la venta de tierras necesarias para el proyecto, sin comunicarse con el resto de los habitantes.

Aguilar, del INPI, confirmó en entrevista que este acuerdo existió.

“Cuando hicimos entrevistas con algunos propietarios, ellos dijeron que no querían que se involucrara la comunidad en el diálogo y en la negociación de la venta de sus tierras”, señaló al explicar las razones por las que no hubo consulta en Xolox.

Benjamín Galindo, otro vecino del pueblo, dice que entonces los inconformes decidieron acercarse y exigir que también se negocie con ellos.

“Nos dimos cuenta algunos y dijimos: ¿Qué está pasando? Empezamos a ver militares que venían y tuvo que salir la información. En una de sus reuniones nos metimos prácticamente a la brava. Yo soy hijo de ejidatario, no soy ejidatario, pero ellos nos conocen, entonces no nos pueden decir que no. Nos acercamos y cuando se desocuparon de con los ejidatarios, entramos. ‘¿Y ustedes quiénes son?’, nos preguntaron. ‘Nosotros somos del pueblo, y estos ejidatarios no van a decidir sobre 15 mil habitantes que somos’”, recuerda.

En respuesta, agrega, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) envió un representante para abrir el diálogo.

“Aquí los únicos felices son los ejidatarios. La comunidad no tan contenta, y no porque no les toque, sino porque ¿qué va a ser de nosotros?”, reclama Mena. “Nadie va a detener el progreso, pero cuando menos que se planee, esa sería una de las peticiones. Que haya comunicación, sentarse a platicar”.

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