Segalmex: el megafraude de la 4T fue fraguado por el Presidente, acusa Riva Palacio
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Para el periodista es entendible que desde Palacio Nacional se proteja a Ovalle, quien no hizo más que callar y obedecer las instrucciones que se le daban
El megafraude de Segalmex, cuyo monto ya alcanza los 15 mil millones de pesos, se fraguó desde Palacio Nacional, acusa el periodista Raymundo Riva Palacio.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción una insignia de su gobierno, el desfalco en la dependencia que creó para dar autosuficiencia alimentaria es superior al de la llamada Estafa Maestra, el “mayor atraco en el gobierno de Enrique Peña Nieto”.
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“Lo que sucede en Segalmex es exponencialmente mayor, no sólo por la suma del dinero sucio, sino porque detrás de esos actos de ilegalidad se encuentra la mano de la Presidencia de la República”, señala en su artículo de hoy Riva Palacio.
Hasta el momento, por el caso han sido detenidas 10 personas, aunque una de ellas, Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Segalmex, fue liberada.
Para el periodista, sin embargo, las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) han sido sólo una simulación para proteger a Ignacio Ovalle, exdirector de este organismo hasta abril de 2022.
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Ovalle fue removido de su cargo tras estallar el escándalo de corrupción en la dependencia, creada en enero de 2019 por López Obrador para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles”.
Hay quienes señalan que este caso de corrupción es la Estafa Maestra de la 4T. Al respecto, Riva Palacio advierte que Ignacio Ovalle debería estar detenido, tal como sucedió con Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol.
“Bajó la misma lógica con la que actuaron contra Robles, Ovalle debería estar en prisión, así como también el secretario de Agricultura, de quien depende Segalmex. Pero no”, refiere.
Pese a ello, el también analista político señala que se entiende que se esté protegiendo a Ovalle porque no hizo más que obedecer instrucciones de Palacio Nacional.
Incluso el Presidente ha defendido él mismo al exdirector de Segalmex, quien sigue en la función pública, pero ahora desde la Segob, donde funge como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Según AMLO, Ignacio Ovalle es “una gente buena” que fue engañado por un grupo de priistas “de malas mañas, acostumbrados a robar”.
De acuerdo con el periodista, incluso el Presidente ignoró las alertas hechas por varios de sus colaboradores, entre ellos Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien le advirtió que la “corrupción en Segalmex era alarmante”.
En ese sentido, Riva Palacio observa que la impunidad de la que goza Ovalle es el pago porque “guardó silencio cuando hurtaban dinero público de la empresa que dirigía, y al ignorar que, en paralelo, sus colaboradores extorsionaban a proveedores a quienes exigían comisiones bajo el disfraz y cuotas”.
Al aviso de Adán Augusto López se sumó la del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien “le habló al Presidente de las primeras dos denuncias contra nueve probables responsables” por irregularidades en el manejo de recursos durante 2019 y 2020. Y también le reportó, después, sobre las 38 denuncias presentadas en la FGR.
López Obrador también hizo caso omiso a Gertz Manero.
“Lo que hay son órdenes de aprehensión contra 22 personas de rango mucho menor, acusadas por un desfalco de 15 mil millones de pesos, por el presunto delito de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado por la compra simulada de casi 8 mil de toneladas de azúcar”, de acuerdo con el analista político.
Pese a ello, Riva Palacio advierte que el caso de corrupción en Segalmex es “una bomba de tiempo que está sonando en el corazón de Palacio Nacional”.
El periodista recuerda que, además de la simulada investigación de la FGR, en Estados Unidos el FBI encabeza otra indagatoria en donde se advierte que la Segalmex fue usada para el gobierno venezolano para hacer transacciones petroleras disfrazadas de ayuda humanitaria y “considerada una operación ilegal”.
