Sergio Aguayo acusa a juez de actuar con parcialidad en caso contra Humberto Moreira

Los abogados de Sergio Aguayo Quezada recusan al Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, Alejandro Rivera Rodríguez, por la parcialidad que ha mostrado hacia Humberto Moreira Valdés.
 
La recusación es un acto tendente a apartar de la intervención en un procedimiento administrativo o judicial a un juez, un testigo o un perito, por su relación con los hechos o con las demás partes, lo que lo aleja de una actuación imparcial.
               
En un comunicado, Héctor Beristaín Souza, del Bufete Beristaín y Asociados, que lleva la defensa de Aguayo Quezada, recuerda que en junio de 2016, Humberto Moreira –ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI- demandó por daño moral en el Distrito Federal a Sergio Aguayo –profesor de El Colegio de México y columnista de VANGUARDIA y otros diarios.
 
La demanda se sustenta en las siguientes frases de la columna de Sergio Aguayo del 20 de enero del mismo año:
 
“[Humberto] Moreira es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

El investigador escribió esa columna mientras Moreira estaba encarcelado en España porque, según la Audiencia Nacional de aquel país el político pudo haber cometido los “delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, […] malversación de caudales públicos y cohecho”. Días después la Audiencia Nacional lo exoneró y él regresó a México.
 
En su acusación, Moreira Valdés aseguró que esas palabras atentaron contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”. 
 
Por lo anterior, el también exalcalde de Saltillo tasó en 10 millones de pesos la reparación con la cual mitigaría el “daño moral”.
 
El caso, detalla el comunicado, llegó al Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, Alejandro Rivera Rodríguez, quien en su actuación ha tomado decisiones que en opinión de la defensa de Aguayo, favorecen a Humberto Moreira.

1. El 28 de septiembre de 2016 ordenó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregara los estados de cuenta bancarios de Sergio Aguayo de los últimos tres años sin que todavía se hubiera dictado sentencia en contra del profesor y columnista.
 
2. El Bufete Beristaín y Asociados interpuso un recurso de apelación. El juez lo admitió pero imponiéndole a Aguayo una garantía por 225 mil pesos por los posibles daños que podría causar la suspensión. El Colegio de México le hizo un préstamo a su investigador para cubrir el depósito.
 
3. El dinero fue depositado, pero el 7 de febrero de 2017 el mismo juez ordenó la entrega de ese dinero al abogado de Moreira, Omer Salom García pese a no ser un actor o parte del juicio y a que hay un amparo interpuesto.
 
4. El Juez Alejandro Rivera ha admitido a la defensa de Moreira un cuestionario parcial y tendencioso porque da por hecho la existencia de un daño. Un ejemplo del fraseo aparece en la siguiente pregunta:
 
“La perito deberá determinar si a partir de las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que atribuyó el Periodista Sergio Aguayo Quezada, al actor  señor Humberto Moreira Valdés se ha denostado su imagen y credibilidad como figura pública”.
 
En suma, el Juez Rivera Rodríguez ha tomado decisiones que dan por sentada la culpabilidad de Sergio Aguayo.

“Ante la violación sistemática de la legalidad y la ausencia de debido proceso, la representación legal de Aguayo presentó este lunes 13 de febrero de 2017 un escrito recusando al juez Rivera y solicitando al Consejo de la Judicatura del DF (presidido por Edgar Elías Azar) que envié el asunto a otro juzgado”, plantean los representantes de Aguayo.
 
Michel Forst, relator de Naciones Unidas sobre la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos, concluyó en su informe del 24 de enero de este año que en México hay un “mal uso deliberado del derecho”, que la “presentación de denuncias infundadas” contra periodistas es una forma de intimidación porque el tiempo y los recursos dedicados a la defensa debilita el trabajo que realizan.
 
El deber de los jueces, sus sentencias y resoluciones es incluir los estándares más altos de protección a los derechos humanos y en este caso de manera particular a la libertad de expresión del investigador y periodista Sergio Aguayo.
 
De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los discursos críticos de escrutinio de funcionarios públicos deben estar especialmente protegidos.
 
El Poder Judicial debe abstenerse de instrumentalizar el ejercicio de la justicia de forma indebida ya sea a través del uso del sistema penal o civil, o con el mandato de fianzas excesivas en este y otros casos.
 
Lo anterior cobra mayor relevancia a la luz del posible efecto inhibitorio y desproporcionado sobre la libertad de expresión de Sergio Aguayo o de otros periodistas que aborden temas de corrupción, denuncia de violaciones de derechos humanos e impunidad.

Además de las violaciones en términos individuales que lo anterior supone, el ejercicio judicial indebido tiene un impacto restrictivo con el derecho de la sociedad en su conjunto para recibir información relevante de interés público en el marco de un debate democrático.