Vinculan a proceso a ex vocera de Javier Duarte

La ex coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez Colio fue vinculada legalmente a un proceso por los presuntos delitos de abuso de poder, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.

Durante la audiencia del juez de control, que duró más de 8 horas, con dos de receso, se conoció que el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares le acusa de haber pagado cien millones de pesos a empresas fantasmas y busca involucrar a 16 ex funcionarios y a directivos de medios de comunicación, éstos últimos sólo por el hecho de haber obtenido convenios publicitarios que considera excesivos.

La Fiscalía General del Estado, cuyo titular es el abogado Jorge Winckler, amigo personal de Yunes Linares, presentó como pruebas las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos, actuales empleados de la Coordinación General de Comunicación Social para señalar irregularidades en contra de la ex servidora pública.

La jueza de control, Verónica Portilla Suazo, otorgó seis meses para que la Fiscalía haga una investigación complementaria que incluye solicitar a la Comisión Bancaria y de Valores información sobre dos cuentas de Banamex desde donde la Secretaría de Finanzas y Planeación hizo depósitos a ocho empresas, dos de estas "fantasma" y otras vinculadas con la ex vocera, amigos y familiares del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

También para solicitar las declaraciones de los representantes legales de las empresas y los empleados de las Coordinación de Comunicación Social, así como la inspección ocular a los domicilios de las empresas y una pericial contable.

La jueza determinó que Gina Domínguez Colio es probable autora material de los hechos delictivos por haberlos cometido de manera dolosa, ya que ordenó a sus subordinados hacer el pago a empresas con los que no se celebró contratos, en omisión a las leyes.

Además, precisó que no actuó de manera independiente, sino con la participación de otros funcionarios incluso de la Sefiplan, y que excedió sus funciones violentando el Código Financiero del estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que Domínguez Colio habría beneficiado a empresas "fantasma", con pagos millonarios con recursos públicos, incluso del rubro de provisiones salariales y económicas del Gobierno del Estado.

La Fiscalía involucró a otros funcionarios duartistas que avalaron los pagos, entre ellos ex tesoreros y ex secretarios de Finanzas como Tomás Ruiz González, Edgar Spinoso Ferrera, Vincente Benítez, José Francisco Díaz, Gabriel Deantes Ramos, Antonio Tarek Abdalá, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Carlos Hernández Martínez, Mauricio Audirac Murillo, Juan Manuel del Castillo, Arnulfo Fragoso, Antonio Gómez Pelegrín, Fernando Charleston, Juan Manuel Moreno Torres y Carolina Estrada Acosta.

El fiscal que lleva el caso, Julio Rodríguez Hernández precisó que durante el sexenio duartista se pagaron 5 mil millones de pesos por convenios con medios de comunicación y que durante el paso de Gina Domínguez el daño al Gobierno del Estado habría sido de 105 millones 937 mil pesos.

Las empresas beneficiadas con pagos millonarios no firmaron contratos para la prestación del servicio, sino mediante acuerdos verbales.

Entre estas, dos empresas "fantasma": Centro de Recursos de Negocios (Cerebro) y Morgavert, a quiénes Gina Domínguez ordenó el pago de 11 millones 688 mil pesos y 12 millones de pesos, respectivamente.

Además a otras empresas como Monmart le fue pagado 30 millones de pesos; a G-Man Smart Business, 17 millones de pesos y Cordocan, presumiblemente propiedad de Gina Domínguez, el Gobierno habría pagado 4 millones 822 mil pesos.

A Corporativo Ribello se le habría pagado 5 millones de pesos; a Comercializadora Maza de Córdoba, 17 millones 250 mil pesos, y en este caso la Fiscalía reportó que no se le hallaron bienes; a New Villegas Nueva Imagen, 7 millones 675 mil pesos.

La Fiscalía informó además que durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se benefició a medios de comunicación propiedad de la familia Sánchez Macías con 300 millones de pesos; se trata de Editorial Sánchez propietarios de los medios El Martinense, El Heraldo de Xalapa, El Heraldo de Veracruz y El Heraldo de Coatzacoalcos, entre otros.

Además se mencionó al empresario Othón González, propietario de varias páginas web de noticias, entre ellas El Golfo.Info con 200 millones de pesos, la cual cerró sus puertas debido a problemas económicos y falta de pagos oficiales

Según la Fiscalía, en muchas ocasiones eran pagos a medios que sólo imprimían una hoja que se regalaba como en el caso del periódico Centinela, aunque dicho medio contaba con más de 40 páginas cada vez que se imprimia.

Otros medios señalados como vinculados a Gina Domínguez son el Águila de Veracruz y Radio Capital, que fueron señalados por testigos protegidos de la Fiscalía como empresas beneficiadas con contratos millonarios.

Gina Domínguez presuntamente ordenó ilegalmente a sus subalternos Mario Rafael Villegas Rivadeneyra y Luis Manuel Salgado González hacer el pago a 8 empresas sin haber contrato y sin haber prestado el servicio.

En la presentación de pruebas, la Fiscalía General presentó los testimonios de dos testigos protegidos y que son trabajadores de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

El testigo protegido identificado con el número 1, aseguró que la ex funcionaria no quería que se supiera cuánto se pagaban por los acuerdos con los medios de comunicación, por lo que no permitió que se firmaran contratos.

Dijo que la ex funcionaria se molestó porque en 2012 la Sefiplan recortó los gastos para la Coordinación y dejó 50 millones de pesos, por lo que Domínguez Colio pidió que los gastos se distribuyeran en otras áreas.

Narró que los dueños se reunían con Gina Domínguez y acordaban los montos mensuales que se les pagarían. Y abundó que en el caso de las empresas Radio Capital y El Águila de Veracruz, recibieron aumentos considerables en las cantidades que recibían.

"No había justificación para tales gastos porque los medios no tenían impacto, a veces solo eran unas hojas impresas como El Centinela, que repartían en el centro; eran designaciones directas y los medios ni siquiera entregaban testigos", leyó el fiscal sobre la declaración del testigo.

Asimismo, precisó que ni la Contraloría General del estado ni el Orfis, revisan los gastos en medios de comunicación ya que al revisaban los pagos que salían en la Gaceta Oficial del Estado.

El testigo identificado con el número 2, narró a la Fiscalía que la empresa Comercializadora Maza de Córdoba es propiedad de primos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y que Gina Domínguez creó a dos medios para que recibieran pagos altos.

Por su parte, el abogado de Gina Domínguez, Abraham Cerón Palafox, intentó desechar la denuncia al señalar que se hizo el 20 de enero de 2017, a pesar de que ella concluyó con su encargo el 19 de febrero de 2014, y que en todo caso el nuevo titular tenía 30 días hábiles a partir de la salida de Gina Domínguez para presentar alguna denuncia.

A esto la Fiscalía respondió que la auditoría correspondió al proceso e entrega-recepción del sexenio duartista y no únicamente del paso de Gina por la Coordinación.

La defensa consideró que las declaraciones de los testigos son "manifestaciones aisladas" y que no se acreditó el vínculo entre Gina Domínguez y los medios que aseguraron eran de ella.