Proponen devolver carácter civil a la Guardia Nacional y fortalecer mando del Ministerio Público
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La iniciativa de la priista Carolina Viggiano busca que la corporación dependa de la SSPC y que las investigaciones penales estén dirigidas exclusivamente por el MP.
CDMX.- El Senado analiza una iniciativa de reforma constitucional que plantea que la Guardia Nacional vuelva a estar bajo la conducción civil, al adscribirse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La propuesta, presentada por la senadora del PRI, Carolina Viggiano, también busca que el Ministerio Público (MP) sea la autoridad responsable de conducir todas las investigaciones penales, a fin de evitar excesos y violaciones a derechos humanos derivados de la participación de instancias militares.
TE PUEDE INTERESAR: SRE destaca saldo blanco en festejos patrios en Estados Unidos, pese a amenaza de redadas
De acuerdo con el proyecto, la Guardia Nacional conservaría su carácter civil y se coordinaría con entidades federativas y municipios en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como en la protección de los bienes y recursos de la Nación.
“La iniciativa no solo busca garantizar que toda intervención de carácter militar en funciones de seguridad ciudadana se encuentre debidamente regulada por la ley y sometida al control de órganos civiles, sino también hacer más clara la relación entre los sujetos que intervienen en la investigación de los delitos”, señala el documento.
TE PUEDE INTERESAR: En medio del auge del mercurio en México, los mineros arriesgan su salud y provocan daños al ambiente
El texto subraya que el MP deberá ser siempre el responsable de la investigación y su coordinación, mientras que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, así como policías federales, estatales y municipales deberán actuar bajo su conducción y mando.
Viggiano argumentó que, en México como en otros países, existe una legítima preocupación por la participación directa de fuerzas militares en seguridad pública y procesos penales, ya que, cuando no están debidamente supervisadas, pueden vulnerar el debido proceso y los derechos humanos.
La reforma al artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos corresponderá al MP, a la Secretaría de Seguridad, a la Guardia Nacional y a las policías, pero bajo la conducción directa de la autoridad ministerial. Con información de El Universal