¿Se pudo evitar? Filtración de la Sedena sobre ‘El Chueco’ indigna tras asesinato de Jesuitas
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La comunidad asegura que el Gobierno Federal pudo haber evitado el asesinato de los sacerdotes Javier y Joaquín
El homicidio de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, en la comunidad Cerocahui, Chihuahua continúa sin acceso a la justicia, a lo que la Iglesia católica sigue levantando la voz y desea presionar al Gobierno Federal.
A cuatro meses del crimen, las investigaciones solo se han centrado en José Noriel Portillo, conocido como “El Chueco”. Y ahora más que la congregación de Jesuitas en México suma a su indignación, no solo a la impunidad, también a la negligencia basada en las filtraciones del grupo de hactivistas “Guacamaya”, resultado del hackeo a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La comunidad asegura que el Gobierno Federal pudo haber evitado el asesinato de los sacerdotes Javier y Joaquín el 21 de junio de 2022.
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“Nos indigna el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui (...) De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”, menciona la comunidad Jesuita.
Según el medio de comunicación El País, el Ejército tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas y presencia criminal de “El Chueco” desde por lo menos dos años antes de la tragedia en la Sierra Tarahumara.
A lo que el capo fue incluido en la lista de objetivos prioritarios de las Fuerzas Armadas, aunque para el Gobierno de Chihuahua se había convertido en principal blanco desde la administración de Javier Corral; no obstante, los operativos para dar con él no fueron retomados hasta el asesinato de los clérigos y un guía de turistas.
Aunque Sedena habría instruido para dar “seguimiento puntual” a las actividades relacionadas con los sacerdotes. Los Jesuitas de México reprocharon que los esfuerzos del Gobierno se hayan concentrado a monitorear sus reclamos y no la búsqueda de “El Chueco”.
“Es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos, hasta hoy prófugo y sí en monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes”, expresó la Compañía de Jesús en México.
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En el pronunciamiento también se reprochó que las Fuerzas Armadas catalogaran al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) como “un grupo de presión”.
“Recordamos que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la Democracia en nuestro país”, señala.
Expresan su respaldo con el trabajo del Centro Prodh y lamentó que las declaraciones de los integrantes del centro, como de las víctimas, sean blanco de vigilancia del Gobierno Federal.
