Triangula 9.6 mdp operador de Samuel García
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Los pagos a la empresa Consultoría Lefinco empezaron en noviembre de 2021, un mes después de iniciada la gestión emecista de García
Suministro MYR, uno de los principales proveedores del Gobierno estatal, no sólo trianguló 202 millones de pesos a una firma jurídica de la que es socio el Gobernador Samuel García, sino que también hizo pagos a un despacho vinculado a la familia de Miguel “Mike” Flores Serna, principal operador y amigo personal de muchos años del mandatario.
De acuerdo con facturas en poder de Grupo REFORMA, los pagos a la empresa Consultoría Lefinco empezaron en noviembre de 2021 -un mes después de iniciada la gestión emecista de García- y concluyeron en abril de 2022, sumando 9.6 millones de pesos.
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Ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio estatal, esta empresa, registrada como sociedad civil, está a nombre de Marcelo Flores Serna, hermano del titular de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura y quien recibió la constancia para ser diputado local plurinominal a partir de septiembre próximo.
El pasado 13 de marzo se publicó que MYR, que hasta noviembre del 2023 había facturado al Gobierno 964 millones de pesos por servicios de alimentos en penales y campos policiales, trianguló a través de una empresa filial 202 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, de la que son socios el Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Al intentar justificarlo posteriormente, el mandatario emecista afirmó que era el pago por servicios que su despacho brindó desde 2017, sin aclarar por qué le empezaron a pagar hasta que inició su gestión, en octubre de 2021.
Esta triangulación en el Gobierno de García se suma a otras dos evidenciadas tan sólo esta semana.
Una es la publicada ayer por Grupo REFORMA, que exhibió que uno de los contratistas de las principales obras carreteras estatales recibió obras por 380 millones de pesos, mientras que una de sus filiales también se convirtió en cliente de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, a la que pagó 40 millones de pesos.
Además, el portal Latinus reveló que un proveedor del DIF estatal recibió pagos por 820 millones del Gobierno estatal, y luego pagó 4.6 millones de pesos al despacho de los García por medio de una compañía hermana.
