Vocero de Rosario Robles será procesado por contrato de 353 mdp
El fallo del juez puede ser impugnado y, de ser así, será un tribunal colegiado de apelación el que defina si el exfuncionario debe o no estar bajo proceso
Ciudad de México.- Un juez federal vinculó hoy a proceso a Gustavo Rodríguez González, quien fuera director de Comunicación Social de la Sedesol con Rosario Robles, por una contrato presuntamente indebido de más de 353 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control José Rivas González procesó al exfuncionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, según informes judiciales.
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El juzgador solo impuso como medida cautelar la prohibición para salir del País y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, tiempo que tendrán la Fiscalía General de la República y la defensa para reunir sus respectivos datos de prueba.
En este asunto, apenas el pasado 13 de octubre el juez Rivas también vinculó a proceso por el mismo ilícito a Ramón Sosamontes, ex Jefe de Oficina de la Sedesol con Rosario Robles.
El caso está relacionado con un convenio suscrito el 17 de marzo de 2014, mediante el que la Sedesol pagó a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) una suma de 353 millones 652 mil 249.40 pesos.
El contrato comprometió a RTH a levantar materiales de audio, video y fotografía, para elaborar historias de los derechohabientes beneficiados por la “Cruzada Nacional contra el Hambre”.
Una de las presuntas ilicitudes que señala la Fiscalía es que la Sedesol no verificó que el organismo contratado tuviera la capacidad humana, técnica y financiera para prestar los servicios.
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Por consecuencia, RTH subcontrató 348 millones de pesos, el 94.5 del monto total del convenio, un porcentaje muy superior al 49 por ciento de tope máximo que permite la Ley de Adquisiciones.
Otra supuesta ilegalidad, según la FGR, fue el hecho de que la Sedesol no publicara en Compranet y la página de internet de la dependencia la convocatoria para que los proveedores compitieran por el contrato.
La Fiscalía llevó ante la justicia a Rodríguez porque presume que como supervisor y vigilante del convenio, presumiblemente validó actas de servicios sobre los que existen dudas que hayan sido entregados, según la información proporcionada.
El fallo del juez Rivas puede ser impugnado y, de ser así, será un tribunal colegiado de apelación el que defina si el exfuncionario debe o no estar bajo proceso.
Con información de Reforma
