La liberación de Diego

La liberación del abogado panista Diego Fernández de Cevallos se dio en los tiempos, términos y condiciones de la guerrilla que lo mantuvo cautivo por poco más de siete meses. Fue puesto en libertad tras cumplirse la exigencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) -la guerrilla que lo secuestró, de acuerdo al informe entregado al presidente Felipe Calderón-, de que se difundiera públicamente un manifiesto que llamaron "Boletín Epílogo", donde esbozan el juicio revolucionario que le hicieron y sus principales relaciones político y empresariales.

Es la primera vez desde que esta guerrilla que se separó hace años del EPR, interactuó intensamente con periodistas para ir presionando públicamente a la familia y a los negociadores, que tuvieron un inicio muy indiscreto con los socios y amigos del ex candidato presidencial, por lo cual se supo que la demanda para liberarlo era por 50 millones de dólares. No se sabe cuánto se pagó por su rescate, pero normalmente no rebasa una tercera parte del monto original.

Lo que se puede reconstruir a partir de conversaciones con personas que conocen los detalles de primera mano, son los primeros momentos tras el secuestro, que definieron no sólo el proceso de negociación, sino al gobierno mexicano. Tras la acción, socios de Fernández de Cevallos y su hijo mayor Diego, hablaron con los expertos del gobierno federal en movimientos armados, quienes les dijeron cuáles serían los movimientos de sus captores y ofrecieron hacerse cargo del caso.

Los socios de Fernández de Cevallos rechazaron la oferta porque eso significaba abrirles la lista de clientes del despacho del abogado y sus contratos. Ese dato era relevante para efectos de negociación del monto, pues la experiencia es que algunos secuestrados con personalidad fuerte -como era el caso-, buscan negociar en cautiverio y dan más información de la que pudiera dar un negociador entrenado.

Entre ese grupo se encontraba el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el procurador general, Arturo Chávez -abogados cercanos a El Jefe Diego-, quienes no actuaron como funcionarios sino como parte afectada. En esas reuniones se encuentra la claudicación del gobierno, y la PGR en específico, para que interviniera de oficio en la investigación del caso. El Presidente autorizó que el gobierno, incumpliendo con sus obligaciones, se mantuviera al margen.

Fuera el gobierno, los principales enlaces de la negociación fueron el hijo mayor de Fernández de Cevallos -su cerrazón natural sobre lo que se hacía produjo molestia en la familia y filtraciones poco informadas a la prensa-, y su socio Antonio Lozano Gracia, ex procurador general. Cuando entendieron los niveles de información que tenían los secuestradores sobre las finanzas de su víctima, entraron en pánico y quisieron cambiar todas las cuentas en bancos, que finalmente no hicieron porque la información ya la tenía la guerrilla.

La improvisación con la que se manejaron llevó a que la primera contraoferta de rescate fuera una temeridad irresponsable. Se ofreció el uno por ciento del monto solicitado, planteando la negociación en un contexto laboral. Los secuestradores respondieron con mensajes a la familia, uno de los cuales apareció en la prensa: la carta de Fernández de Cevallos a su familia. Expertos en negociaciones temieron en ese momento que se rompieran las pláticas.

La negociación siguió el curso acostumbrado por la guerrilla: primera prueba de vida dentro de los 5-7 días del secuestro, primer contacto en los siguientes 15 días, primeras demandas y contraofertas a lo largo de los dos primeros meses, acuerdo sobre el monto y los términos en los cuales se pagaría y la forma como se haría. La confianza en que regresara con vida nunca se perdió, porque desde el principio se supo que no era delincuencia organizada, sino una guerrilla.

La diferencia es fundamental. Las bandas de secuestradores presionan a la familia con ir mutilando a la víctima, por lo cual la rapidez con la que se negocia es fundamental. En el caso de una guerrilla, el tiempo es el mejor aliado, pues entre más se alargue la negociación, más presión hay sobre la familia. Los secuestros de guerrilla durante entre 7 y 9 meses promedio. El de El Jefe Diego se dió en esos términos con un final feliz para todos: la víctima, que recuperó la libertad en los meses promedio que se demora un acto de esta naturaleza, y los secuestradores, que obtuvieron su pago.

Las guerrillas han venido secuestrando esta década de dos en dos personas cada dos años pares. Sólo en casos de secuestros muy bien remunerados, se da uno solo en el año. Es el caso de Fernández de Cevallos. El año cerró con este, el de mayor impacto en la historia de México, pero no se acabarán. El 2012, si se mantiene el modus operandi, vendrá el siguiente.

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