En la injusticia: ¿quién es más de culpar?

El Ministerio Público y la Judicatura suelen achacarse la responsabilidad de que multitud de delitos queden impunes. Están mal integradas las averiguaciones, alegan los jueces, y en esas condiciones no es posible a veces ni siquiera iniciar proceso y menos aún condenar. Las procuradurías, por su parte, alegan que los juzgadores no atienden sus argumentos y por eso liberan a responsables. No necesariamente ellos mismos, pero sí los ciudadanos, se preguntan si la impunidad que de todos modos resulta surge de la incapacidad de uno y otro segmentos de la cadena de impartición de justicia para hacer su tarea, o de elementos extraños a sus funciones, que van desde presiones políticas hasta abierta corrupción.

Ejemplos de ese antagonismo sobran. Cito sólo dos a la mano. En el marco de la reciente exposición al público de la corrupción abundante en el Instituto Nacional de Migración (INM), una adolescente hondureña menor de edad denunció a Raúl Vázquez Damián, funcionario del INM en Chiapas, abusaba sexualmente de ella, so pena de deportarla, y la prostituyó durante ocho meses en burdeles de Frontera Comalapa, en la misma entidad. La Procuraduría General de la República detuvo al implicado y lo consignó el jueves ante un juez penal federal. En menos de 24 horas el diligente juzgador dejó en libertad al indiciado. Sorprende la resolución judicial por su rapidez y porque contrasta con el vivo testimonio de la infortunada muchachita cuya vida ha sido lacerada profundamente.

Tal vez el juez tercero de distrito en Chiapas aplicó el criterio de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que al resolver un sonado caso de pederastia en Oaxaca dejaron en libertad a una maestra que fue sentenciada con el solo testimonio de la víctima, un niño que la señaló como quien lo llevaba al salón en que dos profesores de un colegio particular muy prestigiado abusaron de él muchas veces. Seis de los ministros coincidieron en rechazar el proyecto de sentencia de la ministra Olga María Sánchez Cordero, que propuso negar el amparo a la quejosa, la maestra encarcelada y ahora libre. El argumento principal de quienes optaron por conceder la protección de la justicia federal fue que las pruebas eran insuficientes. No los persuadieron los argumentos de la ponente, del ministro Arturo Zaldívar y del propio presidente de la Corte, Juan Silva Meza, que colocaron el interés del menor en el centro de la discusión. Seis ministros votaron por conceder el amparo directamente y por lo tanto ordenar que la quejosa quedara en libertad, y dos más fueron del parecer de devolver el expediente a los juzgadores de nivel inferior (lo que se llama amparo para efectos) para que allí se dictara nueva resolución.

La resolución de la Corte no beneficia a los dos profesores sentenciados por la violación del menor, que fueron juzgados en ausencia, pues oportunamente se sustrajeron a la acción de la justicia. Ni siquiera constituye una declaración de inocencia de la quejosa, como lo subrayaron varios de los ministros que la favorecieron y que privilegiaron el principio del debido proceso por encima de la protección al menor y de su madre, una tenaz mujer que durante casi cuatro años ha sostenido una batalla por que los violadores de su hijo sean castigados y ahora reaccionó con ira ante la libertad de la mujer, en opinión de la afectada cómplice de los criminales que vejaron a su hijo.

Leticia Valdés, madre de la pequeña víctima, tuvo que enfrentar el poder del gobernador Ulises Ruiz para conseguir que se iniciara proceso contra los atacantes de su hijo. El abogado de los violadores y su cómplice (ahora en libertad) fue Jorge Franco Jiménez, senador de la República en cuanto Ruiz fue candidato a gobernador, ya que era su suplente (y los candidatos poderosos tienen capacidad para determinar quiénes ocuparán su lugar, como se verá más adelante en otro caso). El despacho de Franco Jiménez se vio favorecido durante el sexenio anterior por la influencia de su hijo Jorge Franco Vargas, que durante años fue lugarteniente de Ruiz, quien lo nombró secretario de Gobierno, presidente del PRI y diputado federal. Ese poder de los abogados contrarios a la señora Valdés no ha cesado de manifestarse. Un diario que suele dar lecciones de ética periodística publicó un infame dictamen respecto de la salud de la madre del niño violado, para apuntalar la hipótesis de que ni siquiera ocurrió el vejamen y todo fue fruto de una conciencia desquiciada. Hace veintitantos años, cuando era casi una adolescente, ella vivió internada en Oceánica, una empresa obligada a preservar la personalidad de sus clientes. El informe fue falseado para su publicación, pero aun si se tratara de un documento auténtico, no concernía en lo absoluto al momento procesal en que se publicó. No he visto que ocurra, pero en bien de su reputación Oceánica está obligada a puntualizar su actuación en este caso. Y hasta proceder legalmente por la sustracción de un documento para cuya difusión está impedida, o por el mal uso de su nombre comercial.

No sé si fatigados por una semana de arduo trabajo, que implicó esa polémica sentencia, o satisfechos por haberla emitido, los ministros se fueron de fiesta. Los convidó a celebrar con él sus 70 años de edad su compañero Sergio (Armando) Valls Hernández. De creer la crónica de algunos medios locales, el banquete fue rumboso: al salón Country Royal a las afueras de Tuxtla Gutiérrez asistieron 500 invitados, que escucharon a la Internacional marimba Peña Ríos. En las mesas principales se sentaron los 10 ministros compañeros del festejado (no encontré información que señalara la ausencia de alguno en particular) y el ex presidente de la Corte Mariano Azuela. No parecían tener en cuenta la recomendación de ser discretos que transmiten a los magistrados, que son compelidos a tener una vida social muy retraída en los lugares de su comisión. A la vieja usanza (de la que este tipo de celebraciones es remanente) Valls Hernández tuvo invitados de presencia conspicua en la política: los gobernadores priìstas Javier Duarte, de Veracruz, Roberto Borge, de Quintana Roo, y por supuesto Juan Sabines, de Chiapas. Vinculado al poder celestial estaba allí el obispo Onésimo Cepeda, y representaban a los "factores de la producción" el empresario de prensa Mario Vázquez Raña y el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps. También tenía un lugar destacado el rector de la Universidad autónoma del estado, Jaime Valls Esponda, exalcalde de la capital chiapaneca.

Los convidados estrella eran Carlos Salinas de Gortari y Roberto Gil Zuarth. El festejado era diputado federal, priísta por supuesto, por un distrito de Chiapas en 1988, año de la discutida elección del primero como Presidente de la República. El segundo está vinculado al cumpleañero por oriundez y amistad. En cumplida previsión de su propio futuro, el ahora secretario particular del presidente Calderón, nacido en Villa Flores, Chiapas, hizo que la candidata suplente a la curul que ocupó unos meses de 2009 y 2010 fuera Maricarmen Valls Esponda, hija de su anfitrión, por lo que es ahora legisladora en ejercicio. Cuando ella contrajo matrimonio, en 2007 en Cuernavaca, ofició el obispo de Ecatepec y entre los convidados estuvieron el propio Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y Enrique Peña Nieto.

Por supuesto que los ministros tienen derecho a una vida propia, y si está marcada por la alegría, mejor. Pero dada la dimensión pública de su tarea, que desde hace casi cinco años es difundida por el Canal Judicial, están obligados a una mesura que coincida con la enorme autoridad formal de que los inviste la Constitución. Los ministros padecen mala fama no sólo porque su papel de intérpretes de los textos constitucionales los lleva a incurrir con más frecuencia de la deseable en lo que la gente en general concluye que son decisiones arbitrarias. Suele sugerirse que el tribunal de que forman parte se llame Suprema corte de derecho, porque la formalidad jurídica, ante un público al que la justicia ha sido lejana cuando no negada, conduce a lo que parecen, o son, aberraciones. La mala fama de los ministros, en fin, surge también de las elevadísimas remuneraciones y gajes de que disfrutan, contrastantes con la pobreza de la mayoría de la población y por ello impropios de una República.

miguelangel@granadoschapa.com