Seguro popular, costoso e inoperante

Por Félix Fuentes

En la Cruzada contra el Hambre, prioridad del presidente Peña Nieto para salvar de inanición a 7.5 millones de pobres, la salud es fundamental, pero el sector enfrenta recursos limitados, carestía de medicinas y un Seguro Popular (SP) imposibilitado para atender a una población de más de 52 millones de presuntos afiliados.

Mucha gente no come o ingiere alimentos de pésima calidad y eso la enferma. Y con el SP, iniciado en el 2002 como Programa de Salud para Todos, no son solucionados ambos dramas. Es herencia panista al régimen de Peña Nieto.

Expertos de la comunidad médica creyeron que dicho seguro desaparecería y el Sector Salud recuperaría su anterior estructura, con la Secretaría del ramo al frente y el fortalecimiento del IMSS y el ISSSTE.

No ha sido así. La titular de Salud, doctora Mercedes Juan López, afirma que el SP continuará y en este año le fueron destinados 66 mil 132 millones de pesos, más de la mitad del presupuesto de la dependencia a su cargo, de 121 mil 371 millones de pesos.

En plática con colaboradores de la revista Siempre! y la directora de ese semanario, Beatriz Pagés, la doctora Juan dijo que el gobierno procura resolver el desabasto de fármacos y deficiencias en hospitales.

Sin embargo, los nosocomios para gente sin Seguro Social -más de 55 millones- y sin ISSSTE, son insuficientes para hombres, mujeres y niños enfermos. De acuerdo a informaciones de zonas rurales y colonias populares, los enfermos esperan turno, sentados o acostados en banquetas o en la tierra suelta. Las medicinas escasean o están agotadas.

Buena parte de los 66 millones del SP son prorrateados entre los gobiernos estatales, de acuerdo al número de afiliados que cada uno reporta, sin comprobarse si dicen la verdad. Funcionarios de cada entidad deciden a qué laboratorios compran los medicamentos y suceden casos, como el de Chiapas con Juan Sabines, que en cada facturación aparecieron pagos de medicinas dos o tres veces más caras de lo normal.

A ese problema y otros no menos graves se enfrenta la doctora Mercedes Juan. Está visto que el actual sistema con el Seguro Popular no satisface y da lugar a corruptelas, pero no se advierte el propósito de modificarlo, por ahora.

ENTRE CONCESIONARIOS de radio y televisión hay inquietud porque la elaboración de la reforma en materia de telecomunicaciones no ha estado precedida de una discusión abierta ni a ellos se les ha invitado a participar.

Saben, de oídas, que el documento respectivo está por ser concluido y lo elaboran personajes como la diputada Purificación Carpinteyro, el panista Juan Molinar Horcasitas y algún otro blanquiazul.

Ignoran los miembros de esa industria si en la mesa de análisis participan funcionarios del actual gobierno, entre ellos el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, y preguntan por qué el documento del proyecto de reforma es el "más guardado" en la historiadel sector, o si los arquitectos del mismo tienen voluntad para cambiar el rumbo de las telecomunicaciones y, además, qué se propone hacer el Estado con el gigante conformado por Telmex y Telcel.

En medio de las discusiones subterráneas es puesto el ejemplo de Estados Unidos, cuyo gobierno partió a la poderosa empresa monopólica AT&T y así surgieron varias empresas de telefonía local, larga distancia y desarrollo de tecnología.

Según versiones encontradas de concesionarios de radio, TV y telefonía, el gobierno hará público en poco tiempo el proyecto de reforma sobre telecomunicaciones y entonces se sabrá qué se propone.