A vueltas con las drogas

Carlos Castresana Fernández

Hace más de un año que hemos señalado desde estas mismas páginas que el principal problema de la actual política criminal global de drogas reflejada en las Convenciones de la ONU, que apuesta por la represión penal como principal herramienta para combatir el consumo de sustancias prohibidas, consiste en que los acuerdos no se cumplen.

Mientras se exige a los países productores que reduzcan la oferta, los consumidores no hacen un esfuerzo equivalente para limitar la demanda. De igual forma, se combate el tráfico de sustancias desde el sur al norte, pero no se persigue con el mismo empeño el tráfico de armas y municiones del norte al sur. Y unos y otros no están haciendo lo suficiente para eliminar el lavado de dinero que alimenta ese negocio fabuloso. Por citar sólo una fuente, el secretario Insulza, de la OEA, estimaba recientemente que los beneficios del tráfico de drogas en la región ascienden a 151 mil millones de dólares anuales. Frente a ellos, la multa de poco más de mil millones impuesta por EU al banco HSBC resulta insignificante.

Decíamos también que la principal amenaza consiste ahora en que los grupos del crimen organizado, ante un escenario de posible despenalización de las drogas o de saturación de mercados, se dediquen a otras actividades ilícitas alternativas. Ya lo están haciendo: el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el tráfico de migrantes van en aumento.

En ese panorama desolador surgen tres datos esperanzadores, aunque no exentos de dificultades, que van a alterar el escenario y deberían conducir a un cambio de las políticas actuales: la reforma migratoria en Estados Unidos, el proceso de paz en Colombia, y la Declaración de Antigua, Guatemala, de los países de la OEA.

La reforma migratoria debe permitir regularizar de una vez por todas la situación escandalosa en que se encuentran millones de migrantes latinoamericanos, que se pasan la vida en EU bajo la permanente amenaza de ser deportados, trabajan y pagan sus impuestos pero no reciben a cambio prestaciones sociales, porque legalmente no existen.

El proceso de paz en Colombia, de culminar con éxito, también cambiará el panorama, pues ese país sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, 270 toneladas anuales. Y ello a pesar de décadas de erradicación intensiva de cultivos que sólo parece haber servido para ir desplazando la guerra de un territorio a otro, conforme los traficantes necesitaban nuevas tierras cultivables.

La Declaración de Antigua comienza a centrar el problema en su verdadera dimensión: con la regulación actual, las drogas son un problema de seguridad, pero sobre todo un problema de salud pública, que como tal tiene que ser abordado; y su impacto más grave no se sitúa en las áreas de salud o seguridad, sino en los derechos humanos, provocando una pérdida de vidas inaceptable, derivada en buena medida de la utilización de los ejércitos en un esfuerzo que deberíanliderar los jueces; situación que en muchos casos amenaza la gobernabilidad y muestra hasta qué punto las autoridades están desbordadas y son incapaces de implementar una prohibición que ellas mismas han impuesto. El presidente de Colombia ha reconocido públicamente los abusos del Estado, ha pedido perdón y ha ofrecido reparaciones a las víctimas, en su mayoría civiles ajenos al conflicto.

México debería seguir su ejemplo.

El acceso a la justicia, el respeto y la garantía efectiva de los derechos humanos de toda la población, la reducción del hacinamiento carcelario, el tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos, la integración social de los excluidos que elimine la pobreza extrema, la participación de la sociedad civil, y un desarrollo alternativo, integral, sostenible y respetuoso del medio ambiente empiezan a estar en la agenda de los gobiernos.

Se trata de ver ahora cuánto tardan los gobernantes en transformar sus declaraciones en acciones. Disponen de recursos suficientes, si saben administrarlos y no se los come la corrupción. Lo que no tienen es tiempo: los planes de largo plazo son necesarios, pero poner remedio al sufrimiento y la pérdida de vidas humanas no admite demoras.