Reforma energética, ¿a cambio de qué?

Alejandra Barrales

Los dos sexenios anteriores dejaron como enseñanza que las reformas planteadas por el presidente que no son aprobadas en los dos primeros años, tienen pocas o nulas posibilidades de prosperar. Quedan como anhelo de los mandatarios en turno, y ante la falta de proyectos alternativos se dificulta el ejercicio de gobierno.

Así sucedió a Fox y a Calderón, quienes al inicio de sus respectivas gestiones anunciaron y/o propusieron modificaciones en temas estructurales que hacían necesario reformar la Constitución Política. En su momento también se pronunciaron a favor de una reforma energética, que para bien de nuestra nación no llegó a concretarse, porque de acuerdo con la experiencia que dejaron esos sexenios habría beneficiado a familiares, provocado conflictos de intereses y litigios como los que aún subsisten.

La apertura de este sexenio no ha sido diferente y el gobierno anunció desde el principio de su mandato modificaciones en materias sustantivas del país entre las que se encuentra, para variar, la energética, junto a la de telecomunicaciones, política y fiscal. Consciente de la dinámica de administraciones pasadas, todo hace pensar que en esta ocasión el Ejecutivo redoblará esfuerzos para concretar las enmiendas constitucionales para ese fin.

El PAN se le adelantó con la presentación de una iniciativa que, en cierta medida, coincide con la anunciada el lunes por el Presidente. El hecho de que ambos partidos tengan algunas coincidencias no representa novedad, pero tampoco garantiza que la iniciativa sea aprobada en sus términos.

En nuestro régimen político todo puede pasar; si alguien cree que la aprobación de esta reforma es mero trámite, podría equivocarse. Subsisten diferencias en las propuestas de uno y otro partido que en la dinámica de los debates legislativos suelen maximizarse e impedir la concreción de acuerdos. Una pequeña muestra son los cuestionamientos a los alcances de la iniciativa oficial o las manifestaciones que implican condicionantes e, incluso, chantajes. Que si una reforma debe aprobarse antes que otra, o que si el contenido de una dará pauta a las demás. Tampoco debemos olvidar los titubeos y retrasos en la presentación de la propuesta oficial del gobierno.

Ante un escenario de este tipo, la posición del PRD cobrará importancia. Contrario a lo que se dice, sí tenemos una propuesta integral para el sector energético y la habremos de presentar formalmente, acompañada de una cruzada informativa sobre su contenido. Tendrá -entre otros ejes rectores- disciplina presupuestal, transparencia sindical, combate a la corrupción y fortalecimiento de mecanismos de control. Se replanteará el esquema de subsidios e incluirá medidas operativas y presupuestales que permitan eficientar la industria nacional, sin necesidad de modificar la Constitución ni ceder la rectoría del Estado en las áreas estratégicas.

La historia muestra que las privatizaciones sólo han ocasionado alza de precios, malos servicios e, incluso, corrupción. Como sucedió con las instituciones bancarias, la aviación y el servicio de telefonía que, en su momento, se privatizaron con el discurso de traer más empleos, inversiones y baja de precios, sin que nada de eso haya ocurrido.

Para la izquierda, la reforma energética es un tema de la mayor importancia que merece sumar la voz de la población, y por ello desde un principio planteamos realizar una consulta a nivel nacional. Una mala decisión tendrá consecuencias catastróficas para millones de mexicanos y mexicanas. Por lo tanto, la condición que habremos de poner es el bienestar general de la población.

Esa será la premisa que se privilegie en el debate de este y otros temas, sin importar cuál se apruebe primero o después.