El Pacto y su reforma política rupestre

El consejo rector del Pacto por México se había tardado en reaccionar a la propuesta de reforma política que presentaron PAN y PRD con sus coordinaciones parlamentarias en el Senado. Ante la necesidad de concluir esta reforma para entonces iniciar las negociaciones de la Reforma Energética, acelera un proceso que requeriría cuidar hasta el más pequeño detalle. La reforma política así no sólo corre riesgo por la prisa, sino por el destino hacia donde están encaminando la propuesta.

Si damos una revisada a vuelo de pájaro a la iniciativa del pacto que circula en las oficinas de los senadores, sentiremos que hacemos un viaje a la etapa más primitiva de la democracia participativa. Trabajaron cautelosos para blindarse a tal grado que establecieron escenarios para candidaturas independientes con muy pocas condiciones para sobrevivir exitosamente una vez que sean realidad.

La regulación de las candidaturas independientes se aísla del marco jurídico electoral y en lugar de incorporarse al Código Federal de Procedimientos Electorales, proponen que se construya una ley federal para estos fines. Su naturaleza y razón de existir se tambalea en tanto sugieren que el Consejo General del IFE emita la convocatoria para los ciudadanos que estén interesados en postularse como candidatos independientes, una vez que inicie el proceso electoral.

No contentos con esta simulación, reducen la participación de los ciudadanos independientes con dos requisitos: por un lado, sólo se registrarán hasta tres candidatos para cada cargo de elección y se aplicará el criterio de mayor respaldo ciudadano en firmas, en caso de que se presenten más de tres. Tampoco prevén que entre un candidato y otro exista una diferencia de dos o tres firmas de registro, con lo que negarían la posibilidad de que el cuarto o quinto candidato quede fuera de la contienda. Por otro lado, sugieren porcentajes que son mucho más altos que los que tiene cualquier país en el mundo con candidaturas independientes, ya que proponen que los aspirantes presenten cédula de respaldo ciudadano con los siguiente apoyos en firmas: para presidente 1 por ciento de la lista nominal en 17 estados, cubriendo 1 por ciento en cada uno; para senadores 2por ciento de la lista nominal de la entidad, en 50 por ciento de sus distritos y cubriendo 1 por ciento en cada uno de los distritos; para diputados federales 2 por ciento de la lista nominal del distrito electoral, en 50 por ciento de sus secciones distritales y cubriendo 1 por ciento en cada una de las secciones. Si tomamos las cifras electorales del 2012, esto implicaría que si un ciudadano pretende ser candidato a presidente de la república, deberá contar con casi 800 mil firmas de apoyo; a senador por el DF cerca de 145 mil firmas de apoyo, casi lo que se le pide a un partido político para poder contender.

Su propuesta para financiamiento y acceso a medios no resulta tan descabellada. Los candidatos independientes podrán recibir financiamiento privado, y éste no podrá rebasar los topes establecidos para cada cargo. Unicamente podrán recibirlo por medios electrónicos. Además, tendrán derecho a recibir financiamiento de 33.3 por ciento público en conjunto, como si se tratara de un partido de nuevo registro, y se repartirá en partes iguales entre los candidatos para cada cargo. Por lo que se refiere a la iniciativa ciudadana no determina la posibilidad de que sea vinculante, ni que se pueda avalar con firmas electrónicas de los ciudadanos, pese al apoyo que reciba por parte de los ciudadanos.

David Domínguez, del Colectivo Reforma Política YA, alerta sobre el peligro que corre la tan esperada reforma: "Lo que les interesa realmente a los partidos es regular la iniciativa preferente, para que propuestas como la del pacto se aceleren. Los ciudadanos seguimos siendo tratados como simples votantes, se acotan nuestros derechos políticos una vez más. Las tres figuras de participación ciudadana reconocidas en la Constitución corren el peligro de quedar inoperantes porque: se piden porcentajes inalcanzables para respaldar a ciudadanos sin partido que aspiren ser candidatos; se minimiza a un grado brutal el trabajo que los ciudadanos tienen que hacer para organizarse y juntar firmas para poder proponer iniciativas y peticiones de consulta ante el Congreso; y peor aún, el hecho de que se dependa de los "procesos legislativos" para que dichas herramientas queden finalmente al criterio de los líderes de partido en turno".

La conveniencia de aprobar la regulación secundaria responde a su intencionalidad de matar la naturaleza democrática con que se impulsó su reforma constitucional. De resultar aprobada la propuesta como la prevé el consejo del pacto, la reforma política del 2012 no tendría ningún efecto real para la ampliación de derechos políticos de los ciudadanos. En este escenario la partidocracia seguirá subyugando a la democracia participativa.

Maite Azuela

COLABORACION ESPECIAL