Transparencia y Estado de derecho

Ximena Puente de la Mora

La transparencia y el acceso a la información son atributos de una sociedad democrática, como la nuestra. La ley que nos dimos los mexicanos, hace doce años, en esta materia, tiene entre sus objetivos contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.

La coyuntura actual ha puesto a prueba a nuestras instituciones y éstas deben responder con decisión, oportunidad y estricto apego a la legalidad. Pero lo más importante es que sus acciones se conozcan y que estén a la vista del escrutinio ciudadano.

Por ello, cobra relevancia que en este contexto el Ejecutivo federal haya colocado a la transparencia como uno de los ejes para transitar hacia una paz con justicia y desarrollo y fortalecer el Estado de derecho.

Las acciones anunciadas son puntuales y, por lo tanto, susceptibles de seguimiento, como el respaldo gubernamental a la ley reglamentaria de la reforma constitucional en transparencia, que, por lo pronto, tuvo un sólido e inmediato eco en la Cámara de Senadores, donde integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México presentaron este martes al pleno el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se trata de un proyecto que, como se indica en la exposición de motivos, busca garantizar, sin evasivas, el ejercicio del derecho de acceso a la información, homologando sus procesos y procedimientos en los estados de la República y el Distrito Federal, con la finalidad de que los ciudadanos puedan contar con una herramienta efectiva, que promueva la participación ciudadana y, por ende, se desemboque en una rendición de cuentas efectiva.

Encomiable, también, es la disposición gubernamental de promover los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, esenciales en un Gobierno Abierto, así como de aquellos instrumentos que brinden a la ciudadanía los datos y la información pública en formatos útiles y de más fácil acceso.

El compromiso de desarrollar un portal con información sobre número y monto de contratos, y nombre de proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal, coadyuvará, sin duda, a cerrar el paso a cualquier acto de corrupción, particularmente en los llamados megaproyectos.

Cualquier práctica de corrupción no sólo vulnera el Estado de derecho, incluyendo las instituciones básicas de la sociedad, sino que, además, puede desperdiciar recursos públicos, disminuir la inversión, tanto extranjera como doméstica, retardar el crecimiento de la economía y minar la gobernabilidad y la confianza ciudadana, entre otros efectos perniciosos.

En este sentido, igual de relevante es el exhorto dirigido a la Cámara de Diputados para que analice, discuta y, en su caso, apruebe la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios con la que se busca asegurar que los recursos destinados a obras públicas se administren con mayor eficiencia, transparencia y honradez, y con apego a las mejores prácticas internacionales.

Por todo lo anterior, la transparencia y el acceso a la información constituyen la respuesta legal, institucional y democrática para favorecer la rendición de cuentas, proyectar luz a las acciones de gobierno y fortalecer el Estado de derecho.