Abuso sexual a menores: ¿no hay forma de frenarlo?
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La irrupción violenta en la intimidad de una persona –de cualquier edad y género–, se ha dicho en innumerables ocasiones, constituye una de las peores agresiones que alguien pueda sufrir. Pero esta circunstancia es aún peor cuando la víctima es una niña o un niño, debido a su estado de indefensión.
Por ello, cuando se revela un ataque de esta naturaleza todos debemos indignarnos así como demandar de las autoridades la investigación de los hechos y el castigo al responsable, en primera instancia, para enseguida cuestionarnos qué podemos hacer para evitar que sigan sumándose víctimas a esta estadística funesta.
Ninguna sociedad que aspire a ser democrática y a construir condiciones para el sano crecimiento y desarrollo de sus integrantes puede voltear la cara hacia otro lado cuando se denuncia un episodio de este tipo, ni puede rehuir la responsabilidad compartida de participar en la solución.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la denuncia presentada en contra del intendente de un plantel de educación preescolar, en la Región Sureste de Coahuila, quien es señalado como presunto responsable del delito de agresión sexual contra un alumno de segundo grado.
De acuerdo con la información conocida, la madre del pequeño señaló que desde el pasado mes de mayo su hijo habría sido objeto de tocamientos por parte del acusado, por lo que acudió ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia en la cual le realizaron pruebas psicológicas que habrían arrojado como resultado que el niño en efecto fue víctima de una agresión sexual.
El presunto responsable fue conducido ayer mismo ante el Ministerio Público por elementos policiales y en las próximas horas la Fiscalía General del Estado debería informar sobre las diligencias realizadas en el caso.
Que las autoridades hayan actuado ayer mismo en el caso apunta, sin duda, en la dirección correcta: desarrollar una investigación y, conforme a las evidencias que se recaben, judicializar el caso.
Sin embargo, como ocurre con cualquier otro delito, lo deseable no es que las instituciones públicas garanticen que se haga justicia, sino que este tipo de episodios jamás ocurran. Y menos aún en la magnitud que se están registrando en nuestra región, pues con el de ayer suman ya cuatro casos de agresión sexual a menores tan sólo en los últimos tres meses.
Un solo caso que ocurriera es demasiado. Por ello, la estadística que se acumula a estas alturas tendría que prender todas las luces de alarma y obligarnos a sumar voluntades y esfuerzos para combatir las causas profundas de un fenómeno que nos lastima a todos.
¡Ni una más!, ¡ni uno más!, es un grito de dolor que se pronuncia con excesiva frecuencia en las calles de nuestras ciudades. Y si no queremos seguirlo escuchando tenemos que cuestionarnos con seriedad en qué estamos fallando colectivamente que no somos capaces de frenar los abusos en contra de los individuos más indefensos de nuestra comunidad.
