Algo malo se gesta en la frontera de Venezuela

Por Elizabeth Dickinson, The New York Times

Alrededor de las 4:40 a. m. del 6 de enero, pocos días después de la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hombres armados interceptaron un autobús que transportaba a civiles y varios policías en la carretera principal cerca de Tibú, una ciudad en el lado colombiano de la frontera con Venezuela. Ordenaron a los pasajeros que entregaran sus teléfonos para ser inspeccionados y luego secuestraron a cinco policías.

Los asaltantes eran miembros del Ejército de Liberación Nacional, o ELN, un grupo guerrillero colombiano que comenzó su actividad como insurgencia política de izquierda en la década de 1960, pero que desde entonces se ha expandido a actividades delictivas. Al menos la mitad de sus aproximadamente 6300 combatientes están en Venezuela, donde, hasta este mes, habían disfrutado de una alianza de conveniencia mutua con el gobierno.

En el periodo previo a la incursión de Estados Unidos en Caracas, parece que el régimen de Maduro permitió que el grupo ampliara su control de la frontera, por el temor, según oficiales militares colombianos, de que Colombia pudiera ser la puerta trasera de operaciones militares estadounidenses. El ELN, que domina las economías ilícitas del área y usa como refugio la frontera, que se extiende desde la costa atlántica hasta la selva amazónica, ha aprovechado la oportunidad para consolidar su control a lo largo de esta.

Ahora el ELN se siente envalentonado para desafiar la autoridad del Estado colombiano, y las ambiciones de Estados Unidos en Venezuela. Las zonas fronterizas están atravesadas por corredores lucrativos por los que el ELN y otros grupos armados se mueven con fluidez y, a menudo, ejercen más control que el mismo gobierno. Con las ganancias que obtienen de la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de personas, tanto la guerrilla colombiana como aquellos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que son sus cómplices tienen un profundo interés en mantener el statu quo en Caracas y resistirse a los intentos de instaurar el Estado de derecho en estos territorios.

Antes de la captura de Maduro, el ELN estaba tomando medidas para garantizar la seguridad de sus intereses en las zonas fronterizas, independientemente de lo que ocurriera en Caracas. Desde mediados de diciembre, ha emprendido una ofensiva en la región colombiana del Catatumbo, y ha desplazado a miles de civiles en el proceso. También se ha enfrentado a un grupo criminal local conocido como el Frente 33, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, que ha enfurecido al ELN con sus intentos de controlar ríos que son utilizados para traficar desde y hacia Venezuela. El despliegue de unos 30 mil soldados a la frontera, anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho poco por detener los enfrentamientos.

Pero en lugar de anclar sus relaciones con la región a través de Bogotá, que ha sido un aliado tradicional de Estados Unidos, el presidente Trump se ha enfrentado con Petro y amenazó con ataques directos contra Colombia al día siguiente de la captura de Maduro el 3 de enero. Aunque una llamada telefónica entre ambos líderes el miércoles pasado disminuyó las tensiones, la tregua es frágil.

Las amenazas de Trump forman parte de un sorprendente giro en la política estadounidense. Durante un cuarto de siglo, Colombia fue uno de los países más cercanos de Estados Unidos en América Latina. Mientras Washington proporcionaba fondos, entrenamiento y equipamiento militar para ayudar a Bogotá a contrarrestar a los grupos armados, las fuerzas colombianas proporcionaban en tiempo real información de inteligencia que fue fundamental para incautaciones de drogas, capturas de líderes del narcotráfico e investigaciones sobre redes de tráfico que se extienden a lo largo del mundo.

Pero durante gran parte del último año, esa asociación se convirtió en una disputa personal, con Trump y Petro enfrentados por la política migratoria de Estados Unidos, la guerra en Gaza y los ataques de Estados Unidos a lanchas que presuntamente transportaban drogas.

Este enfrentamiento llega en un momento especialmente difícil. Los líderes colombianos se habían estado preparando para las posibles consecuencias de un ataque estadounidense contra Caracas, temiendo que pudiera provocar una escalada violenta por parte de grupos armados, una crisis humanitaria o ambas cosas. Ahora esos temores parecen materializarse.

Para purgar a sus rivales, y a cualquier civil acusado de colaborar con ellos, el ELN ha establecido puestos de control en las principales carreteras del Catatumbo, donde revisan a la fuerza los teléfonos de los viajeros en busca de pruebas de vínculos con sus enemigos. El grupo ha desplegado drones para bombardear no solo bases militares, sino también hospitales y barrios que, según alega, sirven de escondite a los adversarios criminales del ELN.

En los lugares donde el Frente 33 ha contraatacado, los combates han hecho que comunidades enteras se encierren y sus habitantes han huido o se han refugiado en sus casas. El grupo, que ya obtiene ganancias del tráfico ilícito en estas regiones fronterizas, trata de consolidar el control sobre un premio mayor: las minas de oro y de minerales de tierras raras del sur de Venezuela. Como han hecho por años, es probable que miembros del ejército venezolano estén colaborando, en una alianza con el ELN que les asegure que recibirán una parte de las ganancias.

La amenaza de los grupos armados empoderados y aquellos que los apoyan persistirá incluso mientras Trump se esfuerza por controlar a Venezuela. Por ahora, aquellos miembros del gobierno venezolano que probablemente estén aliados al ELN, incluidos los ministros de Defensa e Interior, siguen en sus puestos. Pero el ELN ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a atacar intereses estadounidenses si amenazan al régimen chavista en Venezuela.

El gobierno de Trump debería tomarse en serio estas advertencias: las filas del ELN están repletas de guerrilleros con gran experiencia en explosivos improvisados, atentados de tipo terrorista, drones e infiltración de protestas. Podrían utilizar esas herramientas contra lo que consideran objetivos de occidente tanto en Colombia como en Venezuela, donde Estados Unidos ha estado considerando restablecer una embajada y una presencia diplomática.

Si el gobierno de Caracas se divide en facciones o se derrumba por completo, o si la inflación desbordada desencadena otro desastre humanitario, es muy probable que la violencia y la inestabilidad se extiendan desde la región fronteriza hacia el interior de Colombia. El país ya acoge a la mayor diáspora venezolana del mundo, unos 2.8 millones de personas. Los servicios no dan abasto y el programa colombiano de protección temporal fue suspendido en la práctica en 2023, lo que significa que muchos recién llegados podrían no recibir protección legal ni permiso de trabajo. En el pasado, los migrantes que huían de Venezuela han sido presa fácil para los reclutadores del ELN y sus semejantes.

Un ELN envalentonado también podría complicar seriamente las ambiciones de Estados Unidos en Venezuela, especialmente si los intereses económicos del gobierno de Trump van más allá del petróleo y se extienden a la riqueza mineral que el ELN codicia y ya controla parcialmente. La intervención estadounidense en Venezuela ha generado oportunidades para que el ELN se expanda, aprovechando una situación confusa en Caracas y un sentimiento antiimperialista generalizado entre la población local.

La presión estadounidense sobre Bogotá, ya sea intimidación desde Washington o nuevos ataques aéreos de Estados Unidos en tierra, es peligrosa y potencialmente contraproducente. La verdadera solución al aumento de la inseguridad en Colombia no es una demostración de fuerza, sino la ardua y vital labor de la diplomacia, el intercambio de inteligencia, las investigaciones judiciales y la ayuda humanitaria.

La llamada telefónica entre Petro y Trump es un buen comienzo. La Casa Blanca debería continuar bajándole a las bravuconerías con su aliado de siempre y afrontar los riesgos muy reales para la seguridad regional que su intervención en Venezuela ya ha desatado. c. 2026 The New York Times Company.