AMLO, su desafuero y el QR en Coahuila

A 21 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, lejos de la polarización de aquel momento, pero repletos de divisiones presentes, vino a mi memoria aquel proceso que viví en primera fila, en vivo y a todo color. Esto, a propósito del intento de Morena de anular la pasada elección de diputados locales en Coahuila, derivado del QR Gate o, dicho de otra forma, de la modernización tecnológica de la trampa y la movilización electoral del PRI.

El 9 de noviembre del año 2000, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Rosario Robles, decretó la expropiación de una parte de un predio conocido como El Encino para construir una extensión de la avenida Vasco de Quiroga, en Santa Fe, y facilitar el acceso a lo que hoy es el Hospital Inglés o ABC, quizá el centro médico privado más caro de México. Aquí nace formalmente el conflicto y Andrés Manuel López Obrador no era parte de la novela. Eso sí, el 2 de julio de 2000, cuatro meses antes, AMLO había ganado la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por apenas cuatro puntos porcentuales.

En diciembre del mismo año, los propietarios del predio promovieron un juicio de amparo en contra de la expropiación y las obras. El 14 de marzo de 2001, ya siendo AMLO jefe de Gobierno, un juez federal concedió una suspensión a los propietarios y ordenó detener las obras. Recordemos que se trata de un particular que se oponía a facilitar el acceso a lo que hoy es el hospital privado más caro de México, ubicado en una de las zonas más exclusivas del país. La pregunta de fondo era si el interés y acceso que defendía AMLO eran superiores a los derechos de los propietarios que exigían el respeto a su propiedad privada. El juez opinó que no.

El 17 de agosto de 2001, los propietarios denunciaron que la orden judicial, es decir, la suspensión, no se había cumplido. El 30 de agosto de 2001, el juez consideró fundada la denuncia y reiteró la obligación de respetarla. El 31 de enero de 2002, dando curso legal al asunto y en cumplimiento de sus obligaciones, el juez dio vista al Ministerio Público Federal para que actuara conforme a la Ley de Amparo. A partir de ahí comenzó la ruta que terminó involucrando a la entonces Procuraduría General de la República.

La PGR inició una investigación que culminó con la solicitud de desafuero contra López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y principal aspirante opositor rumbo a la elección presidencial de 2006. Para poder procesar a AMLO por el presunto incumplimiento de una orden judicial, primero era necesario retirarle el fuero. Eso fue precisamente lo que hizo la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005, con 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.

Uno de los episodios más simbólicos ocurrió cuando dos diputados federales del PAN, Gabriela Cuevas, hoy en Morena, y Jorge Lara, pagaron una fianza de 2 mil pesos para que López Obrador pudiera enfrentar el procedimiento en libertad. Para entonces, el fondo jurídico había pasado a un segundo plano. AMLO se aprovechó de la forma, de un caso heredado que nada tenía que ver con sus banderas sociales, para tenderle una trampa política al gobierno de Vicente Fox, que ni vela tenía en esta novela. El derecho siguió su curso, fortaleció a AMLO y el resto es historia.

La PGR terminó abandonando el caso y, con ello, las pretensiones jurídicas de los propietarios originales de El Encino quedaron relegadas. La política pesó mucho más que la justicia en un asunto de intereses particulares. Gracias a AMLO, las clases más acomodadas de la Ciudad de México tienen hoy acceso a un hospital de lujo, de primer nivel, en una zona que no es precisamente bastión electoral de AMLO o Morena y en una alcaldía que repetidamente ha sido gobernada por el PAN y, en ocasiones, por el PRI. Actualmente, por el PAN.

Hoy, en Coahuila, el partido fundado por AMLO acusa al PRI de haber cometido fraude en la pasada elección. El elemento probatorio central es un código QR utilizado por el PRI como mecanismo tecnológico y moderno de movilización, control y coacción del voto. El objetivo de Morena es anular la elección a través de órganos y tribunales electorales que se encuentran bajo su influencia.

Recordemos que se trata de una elección que devolvió esperanza al PRI y a la oposición a nivel nacional. El resultado fue celebrado desde la Ciudad de México como si se tratara de una resurrección opositora, cuando en realidad fue un triunfo más del PRI en Coahuila, como los que obtiene el PAN en Guanajuato o Morena en Tabasco. Pero la narrativa importa, y más cuando se construye desde el centro del país.

El error de cálculo de Morena, y lo que no alcanzan a ver, son las consecuencias de una eventual anulación. Que el PRI haya hecho trampa en Coahuila es irrelevante para el derecho, como ocurre en el 99 por ciento de los delitos en México, y como terminó ocurriendo en el desafuero. Pero es todavía más relevante para la política y para la construcción de narrativas. En Coahuila sabemos lo que hace el PRI para ganar elecciones; lo ha hecho siempre. Moviliza, compra, coacciona y controla. Lo más grave es el uso de la fuerza pública para obstruir, retardar o incluso detener temporalmente a opositores mientras transcurre la jornada electoral. Son expertos de clase mundial, quizá los mejores en este arte. La elección de Rubén Moreira en 2011 fue, probablemente, la más cuestionable de todas, con un contexto similar al que hoy se reprocha a Morena en otras entidades del país.

Pero el tema no es ese. La cuestión es que el PRI y la oposición ya ganaron la narrativa, tal como AMLO la ganó en su momento. Anular la elección convertiría al PRI de Coahuila en una víctima del supuesto autoritarismo de Morena. Los hechos serían lo de menos. Le daría más oxígeno a Alito Moreno y catapultaría a Manolo Jiménez al escenario nacional. Además, el PRI volvería a ganar; no sé si 16-0, pero sin duda arrasaría. Porque el problema no es el PRI. Ellos hacen lo que mejor saben hacer. Las trampas del PRI en Coahuila han existido siempre. La justicia penal y electoral prácticamente no existen en México. Morena en Coahuila está débil y desarticulado, como lo estuvo el PAN entre 2000 y 2012. Quienes pretenden derrotar al PRI jugando bajo sus propias reglas fracasan una y otra vez; y quienes podrían construir una alternativa seria simplemente no existen, están fuera de competencia o no participan.

Se equivoca el régimen federal, pero su soberbia los nubla. La historia no se repite, pero sin duda rima.

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