Anexos en Coahuila: el cuento de nunca acabar

El avance de las adicciones en nuestras comunidades se encuentra lejos de toda duda. Y aunque la magnitud del problema no es la misma que en otros países del mundo, los datos oficiales muestran un crecimiento constante en el número de personas que consumen alguna sustancia psicoactiva.

La edición 2025 de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) detectó que el consumo de drogas ilegales en la población de 12 a 65 años pasó de 9.9 por ciento en 2016 a 13.1 por ciento en 2025.

El único dato alentador en la encuesta es que entre las personas de 12 a 17 años el consumo de drogas disminuyó de forma relevante.

Sin embargo, entre la población adulta, este consumo aumentó de 10.6 a 14.6 por ciento. Un dato significativo en este sentido es que entre los hombres pasó de 17.8 a 22.6 por ciento, mientras que entre mujeres creció de 4 a 7.4 por ciento.

Pasar revista a los datos duros es relevante porque eso nos permite dimensionar el contenido del reporte que publicamos en esta edición y en el cual se consigna la persistencia de centros de rehabilitación –coloquialmente conocidos como “anexos”– en nuestra entidad, que operan sin cumplir con la normatividad vigente.

No puede justificarse, desde luego, que centros de este tipo operen al margen de la legalidad. Sin embargo, es preciso entender cuál es la razón de su proliferación: el abandono, por parte del Estado, de la obligación que tiene de contar con políticas públicas para la atención de este problema de salud que representa el crecimiento de las adicciones.

A nadie puede extrañarle que en una entidad en la cual todos los días se denuncia la existencia de amplias redes de distribución de drogas, surjan centenares de instalaciones que ofrecen solución al problema que para las familias de más escasos recursos representa el que uno de sus integrantes haya sido atrapado por el monstruo de las drogas.

Y no puede extrañar por una sencilla razón: el Estado no ofrece alternativa alguna para la atención del problema. Es cierto: de acuerdo con un censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Coahuila se detectaron hasta 430 inmuebles en los cuales operaba un “anexo”. La pregunta es: ¿y cuántos centros de rehabilitación, dependientes de la Secretaría de Salud, operan en la entidad?

No se trata de decir que se permita el funcionamiento indiscriminado de los “anexos”. Menos aún luego del cúmulo de tragedias que han ocurrido dentro de estos, debido a la ausencia de protocolos adecuados para el tratamiento de sus “pacientes”.

Pero tampoco se trata de ignorar la realidad con toda su crudeza: en tanto no exista una respuesta institucional para el problema, este tipo de instalaciones seguirán siendo lo que son hoy día, un “mal necesario” que continuará produciendo noticias trágicas.