Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder

Persiste en buena parte de los observadores de los asuntos públicos la fijación con el presidencialismo del pasado como racional para entender el presente. Hay dificultad para comprender la naturaleza del nuevo régimen político, pues es recurrente la inclinación para que ese paradigma tradicional se sobreponga. Como tal, uno de los asuntos que más se dificulta comprender es la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el líder moral del proyecto político en curso, Andrés Manuel López Obrador. Existe una insistencia que raya en la necedad sobre la supuesta diferencia que media entre ambos; para eso se suele recurrir a episodios del régimen presidencialista y, con ello, anticipar la ruptura. No hay tal y difícilmente la habrá.

Consecuente con la errónea caracterización del régimen, se hace presente una imaginaria disputa entre López Obrador y la presidenta Sheinbaum en la selección de candidatos a gobernador. No hay tal. La postura es única; podría haber distintos planos de clasificación o selección, pero no de confrontación. No existe diferencia más allá de la competencia interna y del inevitable fuego amigo y sus consecuencias. La cohesión en la cúpula es cuestión de supervivencia y por ahora todos participan de tal convicción.

Hasta antes del lunes, Morena había seleccionado candidatos en cinco estados. Común en ellos la circunstancia política de que no existía mayor dificultad para definir al o la candidata. Incluso, en Sinaloa la situación se resolvió a partir de la propia gravedad de la crisis y del fallido regreso del gobernador Rocha Moya al cargo.

El lunes se anunció que en Guerrero iría la senadora Beatriz Mojica, una decisión animada por rescatar al estado de Félix Salgado Macedonio y un intento de definir un mejor rumbo, de compromiso social y dignificación política. Se pretende un antes y un después. En Michoacán se nombró a Carlos Torres Piña, exfiscal responsable de la investigación del homicidio de Carlos Manzo, acontecimiento que indignó a muchos en la entidad y empoderó socialmente al movimiento del Sombrero y visiblemente a Grecia Quiroz.

Mientras en Guerrero se rompe con el gobierno local morenista, en Michoacán se resuelve a partir de este. La diferencia está a la vista: en Guerrero el problema está en casa; en Michoacán, en el descontento social.

Ayer resolvieron también Baja California, Quintana Roo y Zacatecas, tres estados agobiados por la inseguridad y con gobernantes desgastados por las dificultades que enfrentan. Se ha dado a conocer que el senador Eugenio Segura será el candidato y muy probablemente el próximo gobernador de Quintana Roo, y es así porque se trata de la entidad donde, en pasadas elecciones locales y federales, Morena ha tenido la más elevada diferencia. En Zacatecas llega la también senadora Verónica Díaz Robles, quien, al igual que Segura, era promovida por el Ejecutivo estatal.

Los candidatos se definen a partir de un régimen decidido a mantener a toda costa el poder. Llama la atención que el Senado sea el origen de la mayoría de los designados; asimismo, la influencia de los mandatarios en funciones (excepto en Guerrero), incluso en estados con graves problemas de inseguridad. Las encuestas han sido empleadas para fundar la decisión, en el marco de la mayor opacidad. Pesan las palabras del gobernador Rocha Moya de que en la elección de 2021 perdió la encuesta, pero fue impuesto por el entonces presidente López Obrador.

De los 7 estados que restan por designar candidato, adquieren relevancia Nuevo León y Chihuahua, ante la expectativa de que Morena pudiera ganarle a la oposición. Sin embargo, lo que se ha visto hasta hoy es la resistencia de algunos perdedores y, en tales condiciones, es difícil conformar un frente unificado.

La selección de candidatos no remite a las encuestas ni a los votos, sino a la política. Lo que se advierte desde ahora es la consolidación del método empleado por López Obrador para la sucesión presidencial. Son procesos diseñados para conservar el poder, no para representar o competir; por lo mismo, determinan una selección sin perdedores, un reparto del pastel entre los aspirantes.

El régimen político resuelve sus decisiones a partir de una idea de guerra con dos objetivos: arrasar al enemigo y contar con un ejército que, ante todo, garantice lealtad. El diseño garantiza a perdedores inclusión y garantía de impunidad, para ellos y para quienes gobiernan. La lealtad se erige como el valor fundamental de las decisiones en curso.