Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?

La crónica ineficacia del Estado, al momento de garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, obliga a personas y empresas a asumir costos adicionales para su protección. Lo peor de todo es que dichos costos no hacen sino incrementarse con el paso del tiempo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el costo total estimado de la inseguridad y el delito en los hogares mexicanos alcanza los 267 mil 300 millones de pesos, lo cual equivale a poco más de un punto porcentual del PIB.

De la cifra anterior, casi 92 mil millones de pesos corresponden a gastos realizados en los hogares por conceptos como el cambio de cerraduras, puertas o ventanas. Las empresas, por su parte, gastan entre el 2 y el 10 por ciento de todo su presupuesto en la contratación de seguridad privada.

La magnitud de lo que el Estado deja de hacer ha implicado el surgimiento de un enorme mercado: el de las empresas de seguridad.

En Coahuila, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, operan 234 empresas distintas que ofrecen servicios de seguridad de bienes, traslado de bienes o valores, alarmas y monitoreo, y seguridad personal. En conjunto, las empresas privadas que operan en la entidad contaban, al cierre de 2025, con más de 3 mil 600 elementos, cifra que supera en 11 por ciento el total de policías estatales registrados en el mismo periodo.

Claramente, estamos ante un hecho que debiera convocar a la reflexión: el costo de la seguridad privada se ha convertido, en términos estrictos, en un impuesto adicional que los ciudadanos deben pagar porque las instituciones públicas no cumplen a cabalidad con su función.

Tal realidad tiene otra arista que llama a preocupación: la creciente demanda de este tipo de servicios implica que surjan empresas que no necesariamente cumplen con todas las regulaciones para operar con la certeza que un servicio de esta naturaleza exige.

Debido a ello, durante 2025 casi la mitad de las empresas que operan en Coahuila fueron sancionadas por incumplir alguno de los parámetros exigidos para que operen con regularidad.

Lo que este dato revela es que el Estado incumple por partida doble su obligación de garantizarnos seguridad. Es deficiente al momento de proveerla a través de los cuerpos de seguridad pública y luego al supervisar con eficacia que quienes la ofrecen de forma privada operen de acuerdo con las normas que rigen su funcionamiento.

No constituye novedad alguna el que se evidencien las serias deficiencias que en materia de seguridad pública padecemos en México. Sin embargo, sería deseable que su exposición generara la única reacción deseable desde la perspectiva ciudadana: que el Estado asuma la necesidad urgente de corregir los yerros e insuficiencias que han sido señalados de forma reiterada.