Autopista Sal-Mon: no se justifica el encarecimiento

El desarrollo de la infraestructura de comunicaciones, en cualquier país del mundo, implica destinar enormes cantidades de recursos económicos para su creación y posterior mantenimiento. Pero en todos los casos se trata de proyectos que tienen eso que en economía se denomina “retorno” y justamente por eso se consideran “inversiones” y no simplemente “gasto”.

La ecuación es simple: a mayor infraestructura de comunicaciones −carreteras, puentes, aeropuertos, trenes, puertos marítimos− mayores posibilidades de expansión económica tiene una comunidad porque esa infraestructura incrementa sus ventajas competitivas. Por eso es que la inversión en este tipo de proyectos es indispensable.

No siempre, sin embargo, el estado cuenta con los recursos necesarios para construir dicha infraestructura, o existen otras prioridades que es necesario atender. En esas circunstancias es posible −y en no pocas ocasiones, deseable− que el sector público acuerde con el privado la concesión de una obra de infraestructura, lo cual libera recursos públicos para otras necesidades.

Sin embargo, el hecho de que el Gobierno otorgue una concesión para construir una carretera, por ejemplo, no puede conducir a desentenderse del impacto que dicho acuerdo genere a los usuarios, particularmente en lo relativo a las cuotas que se cobran por su uso.

El comentario viene al caso a propósito del enésimo incremento decretado ayer en el peaje de la autopista Saltillo-Monterrey que ha llevado el precio por su uso, para quienes circulan por ella en un automóvil, hasta los 130 pesos, en tanto que los vehículos de carga deben pagar hasta 269 pesos.

Se dirá que la concesión implica necesariamente que quienes se hicieron cargo de la construcción de la obra recuperen la inversión realizada y obtengan una ganancia, pues de otra forma nadie querría hacer este tipo de tratos con el Gobierno. Sin duda eso es cierto, pero el costo del peaje no puede ser dejado simplemente al capricho de los operadores.

Lo anterior es particularmente cierto cuando, como ocurre con esta autopista en particular, es muy alto el número de días al año en que el tránsito es más lento de lo normal, debido a las continuas reparaciones a las cuales ha debido ser sometida.

Por otro lado, la seguridad en dicho tramo carretero ha sido cuestionada en múltiples ocasiones debido a que la presencia de la policía sólo es ostensible en el único lugar donde, al menos los usuarios, no la requieren: las casetas de cobro.

Cuando la autopista se inauguró, hace poco más de 13 años, el costo del peaje para automóviles era de 39 pesos, lo cual implica un crecimiento nominal del peaje de 233 por ciento, un porcentaje que se ubica muy por encima de la inflación. ¿Cómo se justifica un incremento de esa magnitud en una carretera que cada día es usada por más vehículos?

Cabría esperar que, así como se han revisado contratos de otro tipo, el Gobierno de la República acuda en este caso en defensa de los usuarios de la autopista y someta a revisión su esquema tarifario.