Caso VANGUARDIA: Elección judicial, ¿trampolín para juzgadores deshonestos?

La elección judicial, lo han dicho múltiples voces desde que se anunció la intención de reformar la Constitución, es una mala broma en el contexto del grave problema de procuración y administración de justicia que padece históricamente nuestro país. Y la forma como se está desarrollando el proceso no hace sino confirmar el señalamiento anterior.

Resulta obligado recordar que la premisa fundamental, a partir de la cual se construyó todo el discurso que justificó la reforma judicial, fue que los actuales jueces y magistrados federales, así como quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han entregado a la corrupción y han convertido a la justicia mexicana en un auténtico mercado que le asegura fallos a modo al mejor postor.

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La premisa es, de acuerdo con los estudios demoscópicos realizados en los últimos meses, ampliamente compartida por la población mexicana, cuyos integrantes no encuentran en los responsables de impartir justicia, ejemplos de conducta honesta y apegada a los principios del Derecho.

Pero si la premisa es real y además cuenta con amplio respaldo popular, lo más lógico sería que quienes hoy ocupan una plaza como juez, magistrado o ministro estuvieran impedidos de participar en el proceso electoral, es decir, que se garantizara una renovación total del Poder Judicial de la Federación.

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De espaldas a tal posibilidad, lo que ha ocurrido es que el legislador autorizó que los actuales integrantes del PJF puedan ser incluidos en las boletas y, peor aún, con solamente solicitarlo, lo cual no solamente abre la posibilidad a que puedan permanecer en el cargo, sino que quienes tiene capacidad de movilización electoral los respalden a partir de “pactos” que solo garantizan una cosa: seguir pervirtiendo el aparato judicial.

Un claro ejemplo de ello es el caso del magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales, integrante del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Octavo Circuito, del Poder Judicial de la Federación, quien, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, habría encontrado “patrocinadores” para apuntalar sus aspiraciones.

Muñoz Grajales, quien ha sido designado “a sugerencia de parte” como responsable de proyectar la sentencia en un juicio de amparo, en el cual VANGUARDIA figura como tercero interesado, aparecerá en la boleta que para elegir magistradas y magistrados de circuito recibirán los electores de uno de los dos distritos de Coahuila.

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De acuerdo con testimonios recabados por esta empresa editora, Muñoz ha “pactado” con actores políticos locales para que, el día de la jornada electoral, se movilicen votos a su favor y ello asegure su permanencia en el cargo que actualmente ostenta.

Ejemplos como este no solamente demuestran el desatino que implica la reforma judicial, sino que dibujan un panorama aún más sombrío, de cara al futuro, para quienes tengan la mala fortuna de verse obligados a dirimir una disputa en los juzgados y tribunales federales.

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