Coahuila: ¿Buena práctica de protección de derechos humanos?

En Coahuila, sociedad y gobierno, han ido construyendo durante las últimas dos décadas un modelo adecuado para la protección de derechos humanos. No es una mera casualidad. Ha sido parte de una política de Estado que, a partir de una serie de reformas constitucionales locales, ha ido implementando figuras e instituciones novedosas que pretenden resolver los retos y desafíos contextuales de la agenda de los derechos humanos.

Desde lo local y a partir de los estándares regionales y universales, las instituciones de Coahuila tienen claro que el cambio implica un proceso social, cultural e institucional que debe ir creando las condiciones necesarias para identificar los problemas que requieren respuestas pertinentes para asegurar los fines de la sociedad democrática.

Desde hace más de una década, Coahuila −como parte del contexto mexicano− enfrentó problemas graves de violencia. Saltillo, Torreón y Piedras Negras, por ejemplo, entraron en el ranking de las ciudades más inseguras del mundo. En gran medida este problema de inseguridad explica el contexto grave de la desaparición de personas.

Coahuila, sin embargo, también ha ido erradicando la situación de violencia con una política de seguridad que hoy queremos seguir manteniendo. Los coahuilenses sabemos el valor de la seguridad: no queremos regresar al miedo de las balaceras, al riesgo de las desapariciones de personas, mucho menos a la ingobernabilidad que implica el Estado fallido en materia de seguridad.

Es simple. Ninguna persona o grupo de delincuencia organizada está por encima del Estado. Las instituciones de seguridad pública, por tanto, no pueden renunciar a su deber de mantener el orden, la paz y tranquilidad.

El problema −incluso en democracias sólidas y consolidadas− es que las tareas de seguridad en contextos de violencia grave, plantean siempre y de manera paralela una serie de violaciones a los derechos humanos por el abuso de la fuerza pública.

En México, no obstante, seguimos sin explicar de manera objetiva lo que nos pasó y sigue pasando en ciertos lugares. El país sigue sin resolver el problema de seguridad.

Coahuila, sin embargo, es una excepción. Las fuerzas del Estado han invertido mucho en seguridad. Los índices de violencia han bajado, a grado tal que hemos pasado en una década a estar entre las ciudades más inseguras a las más seguras del país.

Nuestros retos y desafíos, por tanto, consisten en fortalecer a nuestras instituciones de protección de derechos humanos para atender los rezagos de verdad, justicia y reparación. Existen muchos casos sin resolver. Muchos asuntos del pasado violento sin respuesta. Las víctimas exigen justicia.

Coahuila, sin duda, no es un lugar sin problemas de derechos humanos. La diferencia está en que sociedad y gobierno sí han invertido en un proceso de transformación que pretende dar respuesta a la agenda prioritaria en materia de derechos humanos.

PRESENTE Y FUTURO

En contextos de renovación del poder público del estado, es importante que después de la contienda electoral el gobernador que resulte electo comience a dialogar con los grupos sociales y las instituciones de protección de derechos humanos para seguir avanzando en el fortalecimiento del modelo local.

A todos y todas nos debe interesar. No deben regresar los tiempos de la violencia. Pero también debemos construir mejores condiciones para asegurar justicia y paz.

@LERiosVega

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