Coahuila: derechos humanos en riesgo por tortura y malos tratos

De acuerdo con el informe Observatorio Contra la Tortura 2022, en Coahuila se ha denunciado a diversas dependencias de seguridad por los delitos de tortura y malos tratos.

El estudio definió como tortura a “cualquier acción por la cual se inflija intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener información, confesión, discriminarla, castigarla por algún acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o por cualquier otra finalidad. También se considera tortura los actos que, sin causar dolor o sufrimiento, pretendan anular su personalidad”.

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En este sentido, la Fiscalía General del Estado encabezó la lista con 32 casos, seguidos de la Secretaría de Seguridad Pública con 30, el Sistema Penitenciario con seis y dos más, de otras dependencias públicas.

Con respecto a los malos tratos, es decir, “las vejaciones, degradaciones, maltratos, insultos o humillaciones que lleve a cabo un servidor público en funciones para intimidar, castigar o discriminar a alguien”, la Secretaría de Seguridad Pública tiene 135 denuncias seguidas de la Fiscalía General del Estado con 30.

Del informe, llama la atención que la Fiscalía no reportó información con respecto a casos de víctimas por tortura ni malos tratos; ni carpetas judicializadas; ni víctimas que tuvieron acceso a un peritaje oficial para documentar tortura. Estos rubros quedaron vacíos; sin embargo, se informó que existen más de 60 carpetas de investigación.

Por su parte, los organismos públicos de derechos humanos reportaron 72 quejas de tortura, de las cuales la Fiscalía del Estado fue la más señalada con 32. Con relación a las quejas por malos tratos, se registraron 168, siendo la Secretaría de Seguridad Pública estatal la más denunciada con 135. De la cifra, no hay ni una sola recomendación por parte de las comisiones de derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas reportó que hay un registro de tan sólo 6 personas atentidas por tortura o malos tratos, de las cuales tres han sido beneficiadas con medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, y todas han recibido asesoría jurídica.

Ante los datos no hay duda. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como la Fiscalía, tienen mucho por hacer para desempeñar sus funciones con apego estricto a los derechos humanos.

A los otros organismos, como las comisiones de derechos humanos y las de atención a víctimas, les corresponde actuar con integridad y autonomía -radical- para aplicar las salvaguardas necesarias que garanticen el respeto a los derechos humanos de los(as) coahuilenses.