Desplazamiento forzado interno: mecanismo de la delincuencia organizada en Chiapas

Durante las primeras semanas de enero se ha agudizado la situación de violencia en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas al menos 2 mil 300 personas han salido de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia debido a la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada.

Los grupos criminales han utilizado el mecanismo de desplazamiento forzado como una forma de acción para el control de la población. Para este centro, se considera como “desplazados internos a las personas o grupos de personas asentadas en el Estado de Chiapas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos del conflicto armado, de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado los límites territoriales del Estado”.

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De los testimonios recabados por este centro, se reportó que quienes se han mantenido sin salir de la zona son las personas adultas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron cuidar sus propiedades.

Al respecto, las autoridades de la entidad han minimizado los hechos nombrando al desplazamiento como “personas en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo”. Sin embargo, más allá de las diferencias discursivas entre la sociedad civil y el gobierno, para la población el riesgo es latente y aunque la solidaridad ha fluido, ha sido con reservas.

El clima de violencia y la falta de respuesta de las autoridades ha fortalecido el miedo, tanto en las personas que buscan sobrevivir, como en aquellas que tienen temor a prestar su ayuda, por verse involucradas con el crimen. Es decir, la xenofobia sale a flote, pese a la pronta movilización de organizaciones religiosas y centros comunitarios que se articularon para dar cobijo, comida y/o techo a las personas refugiadas.

Cabe mencionar que este fenómeno no es nuevo, de junio de 2021 a la fecha se calcula que más de 10 mil personas han salido de sus hogares para salvar su vida, sin que hasta ahora exista una respuesta clara por parte del Estado mexicano.

Ante los hechos surgen muchas preguntas, aún sin respuesta. ¿Para qué requiere el crimen el territorio en la frontera sur? ¿por qué las autoridades no han controlado la situación de seguridad? ¿por qué se minimizan los hechos? y por supuesto ¿cuántas vidas cobrará este problema que va en aumento?