Coahuila: El mito del abandono federal frente a la realidad de inversión histórica

Durante años la narrativa política dominante en Coahuila ha sostenido algunas ideas profundamente arraigadas en el discurso local: la Federación ha abandonado al estado o nos envían menos recursos de lo que nos corresponde. Estas afirmaciones, repetidas por políticos, medios de comunicación y dirigentes de partidos, ha servido para justificar rezagos, desviar responsabilidades y alimentar un federalismo de queja sin propuesta. Sin embargo, los datos presupuestales y los hechos de inversión pública desmienten esa premisa y nos obligan a revisar críticamente lo que es ya un mito político funcional, pero no empíricamente sostenible.

Veamos. Sólo en 2025, el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum dispersará 18 mil millones de pesos directamente en Coahuila a través de los Programas para el Bienestar que llegan a adultos mayores, mujeres, estudiantes, personas con discapacidad y productores del campo. Estos recursos no pasan por los filtros ni la intermediación de funcionarios estatales o municipales, lo que quizá explica el silencio —o la negación— con que algunas autoridades y periodistas locales los tratan.

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Si una política pública debe juzgarse por sus efectos y su cobertura, entonces estamos frente a un proceso de reinvención del pacto social, en el que el Estado nacional —no sus delegaciones periféricas— reconoce y responde a la desigualdad histórica del norte semiindustrializado.

La visión centralista que se atribuye al Gobierno Federal se ve materializada por los proyectos de infraestructura desplegados o programados en Coahuila. Basta mencionar el Tren Saltillo–Nuevo Laredo, que iniciará obras este mismo julio con una inversión estimada en 138 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno de los planes más ambiciosos del país para conectar el noreste con la frontera más dinámica del continente.

A ello se suma la inversión autorizada por la Secretaría de Hacienda de más de 3 mil 300 millones de pesos para Agua Saludable para La Laguna. El nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Torreón, ya inaugurado, que tuvo un costo de 3 mil 28 millones 632 mil 400 pesos. Así como la próxima construcción del Hospital General Regional de Saltillo con 260 camas y más de 30 especialidades, que beneficiará a más de 700 mil personas. La tecnificación del riego en la Comarca Lagunera, que implica más de 9 mil 800 millones de pesos. Las obras de modernización de la carretera Saltillo-Monclova. Todo esto revela una estrategia territorial de desarrollo federal, no una omisión.

Los presupuestos tampoco respaldan la tesis del abandono. El gasto federalizado para Coahuila se elevó 4.91 por ciento de 2024 a 2025; el Ramo 28 aumentó 4.09 por ciento (recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos); el Ramo 33 también registró una variación positiva de 6.34 por ciento (recursos para fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales en la atención de las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública). Mientras que la nómina educativa aumentó 6.7 por ciento; Fortamun observó 8.38 por ciento más y los convenios de descentralización un 1.99 por ciento.

¿Dónde está, entonces, el supuesto recorte? ¿No es hora de que los servidores públicos estatales y municipales asuman que los recursos sí llegan, pero que deben ser mejor gestionados, fiscalizados y traducidos en derechos sociales tangibles por sus administraciones?

La narrativa del abandono se mantiene porque ciertos sectores políticos extrañan un federalismo donde el recurso federal era administrado de forma opaca, centralizado en los gobiernos locales y con escasa vigilancia social. El nuevo modelo rompe esa lógica al trasladar el poder de decisión y destino del recurso directamente al ciudadano. Esto no implica ausencia de Estado, sino un nuevo tipo de presencia estatal, menos intermediada, más directa y distributiva.

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Reconocer la inversión federal no implica alineamiento político, ni sumisión partidista. Implica honestidad pública, compromiso con la transparencia y disposición a construir un federalismo cooperativo, no confrontativo. Es hora de abandonar el discurso de la victimización presupuestal y sustituirlo por un debate serio sobre la calidad del gasto, la participación ciudadana en la planeación y el control del recurso público.

Coahuila no está abandonada por la Federación. Lo que está en crisis es una forma de hacer política basada en el reclamo constante y la simulación presupuestaria. Hoy, con recursos sin precedentes para el bienestar de los coahuilenses y obras estructurales en marcha, la verdadera pregunta no es qué hace el Gobierno Federal, sino qué están haciendo los gobiernos locales con lo que tienen. El mito del abandono se sostuvo durante años porque era útil. Pero los datos, las obras y los beneficiarios como la disminución de la pobreza y la desigualdad muestran otra realidad: una inversión federal histórica que demanda una nueva narrativa de corresponsabilidad democrática.

X: @JuanDavilaMx