Durango: la sombra de una elección de Estado

Las elecciones municipales del pasado 1 de junio en el estado de Durango, lejos de representar un ejercicio democrático ejemplar, han dejado una estela de dudas, acusaciones y agravios institucionales que ameritan mayor análisis y debate público. Con apego a la evidencia pública, lo ocurrido en esa jornada electoral podría encuadrarse en lo que se denomina como una elección de Estado, es decir, un proceso donde los aparatos del poder público obedecen a los intereses del gobernante para torcer la voluntad ciudadana.

Las denuncias que ciudadanos, candidatos y dirigentes de Morena han hecho públicas, se inscriben en una narrativa que, por desgracia, no es nueva en el sistema político mexicano: gobernadores que utilizan los recursos del estado para inclinar la balanza electoral, operadores nacionales que articulan estrategias ilegítimas desde el centro y partidos tradicionales −en este caso, el PRI y el PAN− que recurren a prácticas de control territorial para preservar su influencia.

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Rubén Moreira, diputado priista y figura central en estas acusaciones, es señalado como el arquitecto de la operación política en Durango, presuntamente con la complicidad del gobernador Esteban Villegas. Morena ha documentado y difundido actos que van desde la manipulación del PREP, la detención irregular de sus operadores, hasta esquemas sofisticados de compra de voto mediante códigos QR, marcación de boletas y pago digital automatizado.

Resulta alarmante que, hasta el momento, ni el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ni los órganos federales como el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hayan emitido posicionamientos contundentes sobre estos hechos. Esta inacción institucional alimenta un escenario en que el fraude se normaliza y los mecanismos de defensa electoral parecen más atentos a mantener la estabilidad aparente que a proteger la legalidad democrática.

No es irrelevante recordar que el concepto de democracia no se reduce al acto mecánico de votar. Sin condiciones de equidad, seguridad, libertad y transparencia, no puede hablarse de auténtica competencia electoral. En Durango, se vulneraron al menos tres de esas cuatro condiciones.

Lo que está en juego va más allá de una elección local. Minimizar lo sucedido en Durango como una disputa partidista local sería no sólo miope, sino irresponsable. La elección del 1 de junio fue también una prueba estructural del modelo de transición democrática en el México del siglo 21. Si los actores políticos con control territorial aún pueden incidir con impunidad en los procesos electorales; si las instituciones encargadas de tutelar los derechos político-electorales no reaccionan con celeridad; y si la opinión pública relativiza la gravedad de estos hechos, entonces asistimos al vaciamiento de la democracia desde dentro.

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Durango puede ser apenas un síntoma, un espejo anticipado de lo que podría ocurrir en otros estados si no se sancionan, corrigen y visibilizan estas prácticas. El desafío no es menor. La sociedad duranguense, las fuerzas políticas democráticas y las instituciones estatales y federales deben asumir su responsabilidad. Se requiere una investigación profunda, imparcial y expedita. Pero más allá del litigio jurídico-electoral, es imperativo restablecer la confianza pública en la integridad del sufragio ciudadano, condición mínima para la estabilidad institucional en una democracia constitucional.

El 1 de junio puede marcar un retroceso, pero también una oportunidad: la de discutir abiertamente los límites del actual sistema electoral, la rendición de cuentas de los gobernadores y la necesidad de blindar las elecciones del uso clientelar del poder público. Porque si no aprendemos de Durango, lo que hoy parece una anomalía puede convertirse en una regla silenciosa en otras entidades.

X: @JuanDavilaMx