Coahuila: ‘Era Moreira’, una etapa de desapariciones

Los datos han circulado con profusión en Coahuila desde hace lustros ya, y han apuntado largamente hacia un punto concreto: la participación de elementos policiales en la desaparición de personas. La motivación también se ha señalado con claridad: la connivencia de tales elementos con miembros de organizaciones criminales.

Hoy se ha sumado un elemento adicional de gran peso a esta narrativa: el informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el cual se ha documentado la participación de elementos policiales del Estado en casos concretos de desaparición de personas.

No se trata de planteamientos genéricos, sino de señalamientos concretos: elementos de los “grupos de élite”, como el Grupo de Armas y Tácticas Especializadas (GATE), el GATEM y el GROM, que operaron en el periodo de 2009 a 2012, es decir, durante la administración de Humberto Moreira, han sido vinculados a los hechos.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organismo responsable de documentar el “caso Coahuila”, asegura haber identificado al menos 500 casos de desaparición ocurridos en la entidad en el periodo citado. En concreto, se afirma que integrantes de los citados grupos de élite secuestraron civiles y los entregaron al grupo delincuencial Los Zetas.

Se trata de un señalamiento muy grave que, con independencia de los posicionamientos que genere, debería producir investigaciones puntuales por parte de la Fiscalía General de Coahuila.

Porque no se trata simplemente de conocer un informe y posicionarse en relación al mismo, sino de asumir el fondo de un reporte de este tipo: el señalamiento de que las instancias responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos se aliaron con aquellos a quienes en teoría tenían la obligación de combatir.

Tampoco se trata solamente de señalar que es “un asunto del pasado” y que esa no es la realidad actual. A lo que un reporte de este tipo obliga es a comprometerse, en primer lugar, a esclarecer la verdad y, a partir de ella, actuar en dos direcciones concretas:

La primera de ellas es la relativa a garantizar que en los casos de desaparición exista justicia; lo cual implica, por un lado, investigar los hechos para dar con el paradero de las personas desaparecidas y, por el otro, abrir los procesos penales necesarios en contra de quienes hubieren participado en tales episodios.

La segunda es el diseño e implementación de los mecanismos necesarios para garantizar que episodios como los reseñados no vuelvan a repetirse, y eso implica transformar las corporaciones policiales en instrumentos de la legalidad y la justicia.

Cabría esperar, desde luego, que el informe no solamente genere “ruido mediático”, sino que dé lugar a un compromiso serio y tangible para que la verdad y la justicia aparezcan por fin para las decenas de familias que llevan mucho tiempo exigiéndolas.