La (sorda) pugna por el Poder Judicial
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Abrumadoras evidencias sobre impactos negativos de la elección judicial de 2025 parecen haber llevado a la presidenta Sheinbaum a alentar, acaso en forma tardía, que sea pospuesta la “segunda vuelta” de tal proceso, programada junto con los comicios del próximo año.
Un amplio consenso, dentro y fuera del país, para llevarlo a 2028, enfrenta la oposición del sector radical de Morena. Una lectura rigurosa del plazo límite para que el Legislativo haga el ajuste lo coloca como máximo a inicios de junio, lo que requeriría un periodo extraordinario.
El amplio ciclo de reuniones en Palacio sostenido por la mandataria con empresarios para urgir inversiones en el país ha atraído planteamientos de incertidumbre ante lo ocurrido en el Poder Judicial. Ha sido ponderada la moderación del actual ministro presidente, Hugo Aguilar, pero existe alarma por el arribo, en poco más de un año, de Lenia Batres, figura clave en el radicalismo morenista que ha demostrado hondas deficiencias en su formación jurídica.
Palacio apoyó que se surgieran una iniciativa de reforma constitucional y grupos de trabajo en el escenario de la posposición. Ello obedeció también a las alertas levantadas en organismos internacionales, en la academia, en las instituciones electorales y en un amplio arco del propio oficialismo sobre el impacto negativo derivado de la primera elección, diseñada por Pablo Gómez y el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
El seguimiento de la referida iniciativa fue encomendado al vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar -uno de los principales operadores políticos de Sheinbaum Pardo-, de ahí que a finales de abril (ya en vísperas del receso) integrantes de ambas cámaras del Congreso introdujeran la referida propuesta, que modificaría al menos 10 artículos de la reforma judicial.
En espacios sustantivos se libra un debate jurídico y político sobre si una eventual nueva reforma sobre el Poder Judicial federal debe observar la restricción constitucional a la posibilidad de realizar reformas electorales dentro del plazo de 90 días antes del inicio del periodo electoral, marcado en la primera semana de septiembre, lo que ubicaría el límite en el arranque de junio próximo.
El pasado 15 de abril, la ministra Yasmín Esquivel presentó 11 puntos para un eventual ajuste, encabezados por una modificación de fecha, a lo que agregó un examen nacional obligatorio a los candidatos, regular el financiamiento de sus campañas, mejorar la integración de los comité de evaluación, participación de la academia y los colegios de abogados, entre otros.
Muchos otros aspectos implícitos estarían vinculados, como qué hacer con los jueces y magistrados de todas las materias, incluso la electoral, que causarían baja tras la elección del próximo año, o cómo cubrir las múltiples vacantes existentes por renuncias ante el caos que trajo el anterior proceso.
Flotará como un fantasma sobre este proceso la necesidad de modificar la sucesión prevista hasta ahora en la designación de los futuros presidentes de la Corte, lo que puede llevar a una tormenta (una más) al interior del oficialismo.
APUNTES: LA INSÓLITA DEFENSA DE ENRIQUE DÍAZ
El gobierno norteamericano reportó haber tomado nota del intenso pero fallido cabildeo librado para que Washington otorgara estatus de testigo protegido a Enrique Díaz, quien fuera secretario de Administración y Finanzas del gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha, ambos acusados por vínculos con el crimen organizado y protección de organizaciones calificadas como terroristas. Fueron desestimadas las gestiones de abogados de renombre, funcionarios públicos, capitanes de industria, líderes de fondos de inversión e incluso de políticos ante autoridades estadounidenses en ambos lados de frontera. Ello provocó que Díaz Vega viajara a Europa para poner tierra de por medio y, junto con sus asesores, pactar su entrega en Irlanda.
