Coahuila: ¿una isla en medio de un mar de inseguridad?

“Les sugerimos que no viajen de noche, que no viajen por las tardes. Sobre todo, si es necesario (salir a la carretera), que no viajen en coches lujosos, no les quitamos la comodidad, simplemente es un riesgo, una atracción para los delincuentes”

La advertencia fue realizara por el fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, el pasado 30 de marzo luego de que un par de empresarios saltillenses fueran asesinados en las carreteras que conducen a nuestra entidad, en un lapso de pocas semanas.

Han pasado cinco meses desde entonces y la situación no parece haber cambiado en lo más mínimo. Incluso es posible que haya empeorado, de acuerdo con los datos que se incluyen en el reporte que publicamos en esta edición y da cuenta de la peligrosidad de las carreteras que nos rodean.

Y es que, de acuerdo con datos oficiales, 10 de los tramos carreteros en los cuales se registró un mayor número de asaltos en el primer semestre de este año se encuentran en tres de las entidades vecinas de Coahuila: Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí.

No hace falta, desde luego, recurrir a las cifras duras para tener noción del peligro que implica circular por las carreteras del país, pues las historias sobre asaltos, despojo de vehículos y hechos de violencia en dichas rutas no hacen sino acumularse todos los días.

Pero que el hecho de conocer tales historias se esté volviendo cotidiano no puede conducirnos a normalizar tal realidad, pues ello implica que accedamos a que los delincuentes nos impongan sus reglas y sea a partir de ellas que debamos definir nuestra conducta.

Peor aún: dejar de señalar lo anómalo de tal realidad se traduciría en el hecho de normalizar el abandono de las responsabilidades públicas, particularmente de quienes tienen a su cargo las instituciones responsables de garantizar nuestra seguridad e integridad.

Muy lejos de tal posibilidad, lo que debemos hacer todos los ciudadanos, de forma incesante y sin concesiones, es señalar en voz alta que se trata de una realidad inadmisible y que las autoridades no pueden seguir escudándose en el manido argumento de que la realidad actual es “culpa del pasado”.

Circular libremente por el territorio nacional es un derecho que nuestra Constitución consagra para todos los ciudadanos. Y eso quiere decir que las instituciones públicas tienen la obligación de garantizar que podamos ejercer a plenitud tal derecho.

Tal posibilidad solamente se surte de una forma: imponiendo a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional el imperio de la ley, sin distinciones ni concesiones, lo cual implica impedir la actuación impune de quienes han decidido convertir a la delincuencia en un estilo de vida.

Nada más, pero tampoco nada menos. Y, como sabiamente dijera en su momento el extinto Alejandro Martí, “si no pueden, renuncien”.